El alcalde de Cádiz, Bruno García, avanzó este viernes, en la rueda de prensa posterior a la celebración de la Junta de Gobierno Local, que el Ayuntamiento será aún más restrictivo con la proliferación de viviendas con fines turísticos (VFT), después que solicitara a la Junta de Andalucía que anulara 277 licencias tramitadas durante 2023 que no estaban dedicadas a ese uso o que no cumplían con los requisitos de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el anterior equipo de Gobierno.
Ignacio Sánchez, delegado de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC) en la Bahía, admite que el debate “es complejo, pero interesante”. No en vano, da por hecho que en las jornadas que la entidad organiza con el Ayuntamiento sobre concienciación turística tendrá especial protagonismo las VFT. La discusión en torno a este espinoso asunto debe partir, apunta, de un análisis de la situación real en Cádiz.
“Nos parece importante conocer datos, como por ejemplo cuántas viviendas y edificios vacíos cuenta la ciudad”, explica. El sector también reclama conocer la cifra real de licencias. Juan Manuel Ragel, responsable de Gades Gestión Alquiler Turístico, sostiene que hay que depurar el registro porque “hay autorizaciones duplicadas y hasta triplicadas o apartamentos que ya no están activos como vacacionales”.
García apunta, en tercer lugar, la necesidad de determinar “los medios de los que disponen las administraciones públicas para controlar las viviendas no registradas y que no cumplen con la normativa vigente”.
La competencia desleal es una amenaza real. “A las empresas turísticas les preocupa enormemente la economía sumergida que está creciendo en nuestro territorio con los alojamientos ilegales que ejercen una competencia desleal hacia las empresas”, remarca el representante de AETC.
“En nuestra empresa somos siete empleados de Cádiz con contrato fijo, con vistas a que seamos nueve en junio y en temporada alta entre doce y catorce”, añade el responsable de Gades Gestión Alquiler Turístico, expresando su temor de que no tramitar nuevas licencias fomente precisamente la economía sumergida.
IU Cádiz ciudad, que ha solicitado un Pleno extraordinario para analizar la coyuntura actual, ha propuesto un cuerpo de inspectores municipales contra la oferta turística ilegal. El alcalde, sin embargo, ha recordado que el Ayuntamiento solo tiene competencia en materia urbanística, pero ha reconocido que estudia con la Junta de Andalucía fórmulas de control en este sentido.
