Durante la sesión se produjeron momentos de tensión cuando propietarios de estas parcelas increparon al alcalde, Tomás Herrera, y al delegado de Urbanismo, Diego Sánchez Rull, ante el anuncio de la Corporación Municipal de seguir adelante con la propuesta mediante un proceso civil, después de que el juez desestimase 14 de las denuncias presentadas por el Consistorio por este motivo.
Fue éste precisamente el argumento esgrimido por el presidente del Partido Popular de Algeciras, José Ignacio Landaluce, para su negativa a esta propuesta. “Espero que sean capaces de encajar las resoluciones judiciales con dignidad”, manifestó. El diputado nacional insistió una y otra vez en que su grupo político “jamás tolerará una usurpación del territorio público”, si bien resaltó que los vecinos “pagan servicios de luz, agua, están empadronados” y, en el caso de la parcela número 16 de Majadal Alto, “está totalmente identificado en el Registro Catastral”.
Durante la intervención del líder popular, comenzaron a exaltarse los ánimos. El alcalde tuvo que mandar callar a los afectados hasta en tres ocasiones y amenazó con desalojar la sala.
El delegado de Urbanismo, Diego Sánchez Rull, intervino para contestar a Landaluce. El edil recordó que la razón por la que las 14 sentencias por la vía penal fueron desfavorables al Consistorio lo eran “porque los delitos habían prescrito”, algo de lo que ya “nos avisó el fiscal de Medio Ambiente”, e invitó al representante popular a “defender las leyes que regulan el Patrimonio de la Administración pública” y recordó que “nadie puede ir a Majadal Alto y vallar 22 metros”. Incidió, además, en que “pagar el IBI no otorga titularidad catastral” en una zona de monte público con 25.000 metros cuadrados en manos privadas.
En el momento de la votación, Landaluce solicitó que se hiciese separada para los casos de Algamasilla y Majadal Alto. En el primer caso, la propuesta salió adelante con los votos en contra del PP; mientras que en el segundo, los populares se abstuvieron. Landaluce justificó esta decisión en que tendrían “que estudiar más a fondo” este caso.
Televisión
Landaluce criticó además el anunciado traslado de la televisión municipal Onda Algeciras “a los peores locales de la Plaza de Andalucía” y que “a los 800.000 euros que cuesta al año habrá que añadir al menos un millón de las antiguas pesetas al mes en concepto de alquiler”, así como “otros 50 millones de pesetas” en el acondicionamiento de las instalaciones. Además, acusó al Equipo de Gobierno de llevar a cabo “un despilfarro” con las operaciones de tesorería, a lo que la edil Isabel Beneroso respondió con que “aún se siguen pagando los préstamos de 17 operaciones firmadas por el PP en el periodo 1999.2003”.
Acuerdos
Al margen de estas dos cuestiones, se aprobaron algunos puntos relevantes, como el proyecto de delimitación de área de reserva del suelo Cortijo San Bernabé para contar con 2.415 nuevas viviendas de Protección Oficial. Asimismo, salieron adelante la recepción de la plaza Andalucía, la modificación del PGMO sobre la calificación del viario de la urbanización Villa Estoril o la actualización de las tarifas del taxi por el IPC; así como la reducción de las tasas a las empresas que operan en la estación de autobuses.
Asimismo, salió adelante la moción presentada por la portavoz de IU, Inmaculada Nieto, para apoyar la movilización sindical del 11 de diciembre en favor de los trabajadores de Artemius. También se aprobó, a instancias del PP, la ubicación de un museo del ferrocarril. El Pleno concedió calles a José Manuel Gómez Martiñán, guardia civil algecireño fallecido en 1980 en atentado terrorista, y de Rafael Montoya Joya, quien fuese patrón mayor de la Cofradía de Pescadores. También se citó al recientemente fallecido periodista José Luis Tobalina.
Otro de los puntos del Orden del Día que generó polémica fue la recepción por parte del Ayuntamiento de la Plaza de Andalucía por parte de la empresa Alius S.L. El PP votó en contra de esta propuesta,que salió adelante con los votos de PSOE e IU. Para los populares, el convenio firmado entre aquella empresa y el Consistorio “fue muy favorable a Alius, porque la reparación de estos aparcamientos costó unos 80 millones de pesetas y después se vendió por 12 millones de euros”. Además, indicó que el ciudadano tendrá que pagar “todos los servicios de alumbrado, limpieza, etc”. Sánchez Rull argumentó que “una plaza que es pública debe ser recepcionada por el Consistorio”.
