Una decena de miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) han advertido en una declaración de que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de apoyar el plan de Marruecos para el Sáhara Occidental supone "la denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui" y, por tanto, una violación del Derecho Internacional que podría acarrear "responsabilidad" para nuestro país.
Los expertos han emitido este manifiesto tras conocerse la carta enviada el pasado 14 de marzo por Sánchez al rey Mohamed VI, donde dice que "España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo" en el Sáhara Occidental.
Los firmantes entienden que "la decisión del Gobierno español de apoyar oficialmente el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 constituye la denegación expresa del ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y, en consecuencia, una grave violación del Derecho Internacional".
"Igualmente, esta decisión supone el reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sáhara Occidental que ocupa ilegalmente", han añadido los profesores universitarios.
Así, alertan de que "esta decisión conlleva la responsabilidad internacional de nuestro Estado, en la medida en que contribuye a consolidar la violación grave de una norma imperativa de Derecho Internacional".
POTENCIA ADMINISTRADORA
Los miembros de la AEPDIRI recuerdan que "el derecho a la libre determinación de los pueblos constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional".
Y que "España es la potencia administradora" del Sáhara Occidental, conforme estableció la Resolución 1956 de la Asamblea General de la ONU en 1963 y confirmó la Audiencia Nacional en 2014, "por lo que tiene la obligación jurídica y política de tomar todas las medidas necesarias en orden a garantizar la libre determinación efectiva del pueblo saharaui".
Asimismo, señalan que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en una opinión consultiva de 1975, "reconoció el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de su voluntad".
Años después, apuntan, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el Plan de Arreglo, negociado por Marruecos y el Frente Polisario, que prevé la celebración de un referéndum de autodeterminación para que los saharauis decidan entre la independencia del territorio y su integración al reino alauí.
Sin embargo, indican que "la propuesta de autonomía es una propuesta de integración del Sáhara Occidental en Marruecos" que "no constituye una expresión del derecho a la libre determinación de los pueblos si no es libremente decidida por el pueblo saharaui en un referéndum en el que se incluya igualmente la opción de la independencia".
REFERÉNDUM CONGELADO
Los firmantes recalcan que la ONU puso en marcha en 1991 una misión especial para la celebración del referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, "que concluyó exitosamente la elaboración del censo en 2000". "Sólo el veto de Francia en el Consejo de Seguridad impide que la MINURSO concluya su labor organizando el referéndum", subrayan.
Además, ponen de relieve que el plan de autonomía formulado por Marruecos en 2007 "nunca ha obtenido el respaldo del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General de Naciones Unidas", a lo que añaden que "es rechazado de plano por el Frente Polisario".
A su juicio, este plan de autonomía es de "imposible aplicación" en el conjunto del Sáhara Occidental por cuanto "en la actualidad una parte del territorio se encuentra bajo la ocupación marroquí y otra es controlada por la República Árabe Saharaui Democrática".
A este respecto, avisan también de que "el Derecho Internacional establece la obligación de todos los estados de no reconocer una situación derivada del uso de la fuerza, como es la que se deriva de imponer a un pueblo colonial, tras la invasión, un régimen de ocupación por otro Estado, así como la obligación de todos los estados de no contribuir a la consolidación y legitimación de una invasión".
