Cuentan que cuando en 1954 Josep Pla paseaba por Manhattan, asombrado por la grandeza de los edificios y la iluminación desbordante de las calles, preguntó a quien le acompañaba “Y todo esto, ¿quién lo paga?”.
Casi setenta años después, uno no puede menos que hacerse la misma pregunta que el gran escritor catalán a la vista de los compromisos de gasto que el Gobierno asumió ayer martes en el Consejo de Ministros para luchar contra las consecuencias de la inflación y la Guerra de Ucrania. Entre otras muchas cuestiones, se comprometió a destinar 6.000 millones de euros a subvencionar los precios de los carburantes en 20 céntimos/litro, conceder subsidios a determinados sectores de actividad (transportes, industria, agrícola y pesquero), ampliar los ERTES a aquellas empresas en dificultades por causa de la guerra (con la consiguiente prohibición de despedir) y concesión de nuevas líneas ICO. Todo ello dentro del segundo trimestre de este año, es decir, hasta el 30 de junio.
Lo primero que le viene a uno a la cabeza es que la siguiente cuestión. ¿Sabe el Gobierno que el 30 de junio la guerra habrá finalizado o se habrá embridado la inflación? Si esas medidas para un trimestre “cuestan” 6.000 millones de euros, ¿qué pasa si la guerra de Ucrania o la inflación se extienden, por ejemplo, un año? Una simple operación aritmética nos responde que entonces, las medidas supondrían 24.000 millones de euros.
Pues bien, repetimos, y todo esto, ¿quién lo paga?
En estos momentos, la pegunta no puede ser más pertinente pues junto a este paquete de medidas no se prevén ni recortes en gastos ni un incremento fiscal; es decir, para pagar esos 6.000 millones (por ahora) no está previsto ni gastar menos ni recaudar más vía subida impositiva.
Todo apunta, por tanto, a que el Gobierno acudirá a la emisión de deuda pública. Sin embargo, corren malos tiempos para el endeudamiento estatal, ya que el BCE, precisamente como lucha contra la inflación, ha cortado la compra de deuda soberana y con ella la llamada “barra libre”. Como síntoma, ello ha supuesto que el interés que paga el Estado español haya pasado de prácticamente cero (0,271%) al 1,307% en un año. A ello hay que sumarle que la deuda pública/PIB está en un 120%, por lo que nuestra capacidad de endeudamiento se ve cada vez más comprometida.
Ante todo esto, sólo cabe concluir que, de prolongarse los problemas que este Gobierno cortoplacista pretende atajar con los compromisos adoptados ayer, léase la crisis inflacionaria y la Guerra de Ucrania, nos espera un futuro bastante sombrío.
