El Ayuntamiento de Sevilla está a punto de cerrar el periodo de consulta pública para la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la Isla de la Cartuja y una de las asociaciones que ha presentado alegaciones a su implementación incluso cuestiona la justificación de la medida, ya que en el área en la que se aplicaría no se han aportado documentación que demuestre que es un área con mala calidad del aire y cuestionan la aplicación del distintivo ambiental de la DGT, que consideran “tendencioso, limitativo y discriminatorio”.
Así lo expone la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM), que ha iniciado una campaña de “presentación masiva de alegaciones” contra la implementación de esta medida en la isla de la Cartuja.
Según resumen, los principales motivos para rechazar esta ZBE con las opciones que se plantean son “que el Ayuntamiento no aporta ningún documento o informe sobre datos de estaciones de medición que indiquen una mala calidad de aire o la superación de determinados niveles de emisiones en la zona de la Isla de la Cartuja y que por tanto puedan justificar la creación de una zona de bajas emisiones”.
En esta zona “no hay actividades industriales, sino mayoritariamente empresas, centros de formación y escuelas de negocio, centros científicos y culturales, y recintos de ocio”, inciden, apuntando además que no se realiza tampoco una medición del impacto de otras actividades, como pueden ser el puerto, el tráfico aéreo, las calderas, la actividad residencial o el tratamiento y eliminación de residuos. Para AVARM, “solo se centra en el vehículo privado”.
Contra el modelo DGT
La segunda gran cuestión por la que rechazan la implantación de la ZBE es que “se excluye directa y arbitrariamente a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT entre los autorizados para acceder”, lo que consideran “tendencioso, limitativo y discriminatorio, pues el propio Ayuntamiento indica que quienes se desplazan a la Isla de la Cartuja para trabajar proceden de los barrios con menor renta de la ciudad”.
Para AVARM, el modelo implantado por la DGT es “extremadamente rígido” y no tiene en cuenta las “emisiones reales” de los vehículos, excluyendo aquellos que han adoptado mejoras para reducir las emisiones a través del “retrofit” o retroadaptación a través de catalizadores, filtros de partículas o conversión a motor eléctrico, entre otros.
La tercera crítica que realizan a la implantación del sistema es que no figure “ninguna estimación presupuestaria del coste de las distintas opciones planteadas, ya que la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto dinero de sus impuestos van a costar estas restricciones que se plantean, y tampoco hay una estimación del impacto económico”.
De hecho, según las cifras que aporta, en la provincia de Sevilla hay cerca de 300.000 vehículos sin distintivo ambiental que podrían verse afectados por la implantación de esta medida, que reclaman que sea objeto de una consulta popular. Los primeros en ser “discriminados” según la propuesta serían 20.421 camiones, 12.937 furgonetas, 456 autobuses y 1.916 tractores industriales, a los que añaden 235.913 turismos (el 24,49% del total) y 30.533 motocicletas (el 20,87% del total).
“Enorme injusticia”
“La ZBE Isla de la Cartuja sería una enorme injusticia para las economías más desfavorecidas, que no pueden afrontar la compra de un coche 0 emisiones ni tienen donde cargarlo, ni tampoco un vehículo con etiqueta C de segunda mano”, asegura tajante la asociación, que cuestiona que tampoco se planteen medidas de ayudas, bonificaciones o periodos transitorios.
El documento es especialmente crítico con la alternativa ofrecida por el Ayuntamiento para aparcar los vehículos sin distintivo ambiental, en el aparcamiento oeste, y que sus propietarios se trasladen a pie o en bicicleta hasta el lugar de trabajo, sin tener en cuenta las inclemencias meteorológicas, las altas temperaturas o el tiempo que se perdería.
Discriminación por renta
Sería “una discriminación en función de su nivel de renta”, aseguran porque otra persona con un vehículo con etiqueta eco, más caro, “podría aparcar en la puerta del trabajo” cuando el propio Ayuntamiento reconoce en el documento que la mayoría de los trabajadores viven en Sevilla Este, Alcosa, Torreblanca y Cerro-Amate, algunos de ellos con la renta más baja de España.
“La imposición de una pirámide jerárquica donde el vehículo privado queda desterrado al último lugar supone una injerencia en la libertad de decisión personal y consideramos que debe modificarse”, señala la asociación, que entiende que “el ciudadano debe poder elegir aquello que tanto personal como colectivamente siente que es lo más adecuado, que puede que sea, o no, el transporte público, si éste es eficaz”, aseguran.
La ZBE, a zonas peatonales
Además, la asociación entiende que, para cumplir con la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, es recomendable establecer las ZBE “en las zonas ya peatonalizadas en la ciudad, manteniendo los permisos de circulación actuales, dado que Sevilla es la cuarta ciudad de España con más calles peatonales”, el 13% del total de las vías, agregan.
“Las restricciones que se plantean pueden suponer que decenas de miles de personas residentes en el municipio y sus cercanías no puedan utilizar su vehículo actual dentro de una parte del término municipal”, apuntan, lo que entienden que, en la práctica, “equivale a una expropiación de un bien privado, del que se prohíbe su uso y disfrute pero al propietario no se le compensa económicamente por esta expropiación”, aseguran.
Entre las propuestas que plantean incluyen un “plan de ayudas con una dotación suficiente para compensar a los propietarios de vehículos particulares sin etiqueta ambiental que voluntariamente quieran cambiar adaptar su vehículo”; estrategias de control de emisiones; reducir la contaminación de calderas y eficiencia energética de los edificios, incluyendo la instalación de placas solares en azoteas o la implantación de bombas de calor geotérmicas; mejoras de frecuencia y velocidad en el transporte público metropolitano; subvencionar la implantación del teletrabajo; acciones contra el derroche energético; sustitución “de la flota de automóviles oficiales del Ayuntamiento de Sevilla y altos cargos por cuadriciclos ligeros eléctricos; y plantar un millón de árboles y arbustos como medida para absorber la emisión de gases contaminantes.
