La huelga indefinida de los letrados de la administración de justicia, los antiguos secretarios judiciales, ha suspendido ya en la provincia de Cádiz después de casi dos meses 1.984 juicios y 4.975 actuaciones judiciales, según datos del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de la Justicia a fecha del pasado viernes 10, con lo que las cifras reales de este colapso son aún superiores. Los paros indefinidos comenzaron el pasado 24 de enero y desde el primer momento han tenido un seguimiento “estable” del 60 por ciento, apunta Juan Alberto Rojas, delegado provincial de Cádiz del Colegio Nacional de Letrados, que asegura que, pese al “fastidio” y los perjuicios personales de los paros, “en líneas generales” están encontrando “bastante comprensión” tanto de los operadores, como de la población. “Es la lucha de David contra Goliat pero la gente lo entiende y se solidariza”, asegura Rojas, que alerta de otras consecuencias de la huelga más allá del propio atasco judicial. El cuerpo de los letrados judiciales es el principal eslabón para poner en marcha la maquinaria de las juntas electorales de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo y los plazos están a la vuelta de la esquina. En concreto, tal y como explica, han de constituirse el Jueves Santo, con 54 días de antelación. No falta tanto.
“La junta electoral la constituye un letrado, el más antiguo de la Audiencia, en ese momento comienza todo el proceso”, señala para referirse a la relevancia del trabajo del letrado para constituir la junta electoral de zona en cada circunscripción. “El miembro fijo es el letrado, que es el que se encarga de recibir la comunicación, del decreto de convocatoria y da los primeros pasos para constituirla. Esperemos que el Ministerio de Justicia no sea tan imprudente y tenga un poco de cordura porque están creando solución conflictiva hasta ese extremo”, advierte.
Si bien la huelga se ha caracterizado desde el principio por la falta de negociación, pues las partes apenas se han sentado, la situación tras el último contacto podría cambiar esta misma semana. Así, la intervención del Ministerio de Hacienda, que es al que señala el de Justicia para avanzar en las conversaciones, parece haber marcado, a priori, un punto de inflexión.
Tras dos semanas de nuevo con las negociaciones enquistadas, el pasado viernes mantuvieron una reunión de tres horas y media que podría marcar un nuevo rumbo de aquí a los próximos días al haberse fijado un nuevo marco para la negociación. En cualquier caso, de momento, la huelga sigue, recalca a este medio el representante de los letrados.
Sus reivindicaciones
Con esta medida de presión, este cuerpo pequeño con más de 4.000 funcionarios, que en la provincia asciende a unos 120 profesionales, reclaman la adecuación a sus salarios a las nuevas funciones de los jueces atribuidas en 2009 tras la modificación de la ley procesal, tal y como se comprometió entonces el Ministerio de Justicia.
A tenor de esa reforma, se les encomendó tareas que antes eran exclusivas de los magistrados tales como la admisión de demandas, la tramitación de todos los asuntos, la ejecución de sentencias y la resolución de recursos de reposición, impugnación de costas, entre otras. Además, los funcionarios los responsables de la cuenta de consignaciones judiciales millonarias, que llevan casi dos meses paralizadas. El incremento de esta remuneración, precisa el representante de los letrados en la provincia de Cádiz, se mueve en una horquilla entre los 500 y los 900 euros más mensuales. En la capital gaditana, además, esta huelga, con unos servicios mínimos de casi el 40 por ciento, prácticamente ha enganchado de lleno con el paarón que ha vivido la ciudad durante dos meses y medio por la clausura del edificio de los juzgados de San José.
