El PP ha presentado una moción con la que pretende que el Senado exija al Gobierno el reintegro a las arcas públicas del coste de los viajes en Falcon o helicóptero SuperPuma del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de los ministros, cuando obedezcan a un "uso particular o de partido" y no de carácter oficial.
Para ello, el grupo popular reclama que se abra un procedimiento de "reintegro de gasto" para cuantificar el coste total de estos desplazamientos, a fin de poder calcular "la naturaleza del gasto público o privado" de estos viajes de modo que se pueda reintegrar el importe de aquellos que no tengan un carácter estrictamente oficial.
También busca el PP en su moción que el pleno del Senado denuncie ese "uso de medios públicos" por parte de Sánchez y el resto del Gobierno "para acudir a actos privados y de partido con la excusa (o coartada) de asistir a actos institucionales organizados de mera previa o posterior para justificar el desplazamiento".
En un tercer punto, la iniciativa pide "en aras de la transparencia y buen gobierno, un compromiso político" de todo el Gobierno "para no utilizar el Falcon y el SuperPuma, entre otros medios, para la actividad privada o de partido".
En el documento, los populares aluden al "uso abusivo de los medios de transporte oficiales" y apuntan que "la sociedad española asiste atónita al empleo de medios públicos para usos particulares y partidistas en beneficio del Gobierno".
Y aunque admiten que no se discute el uso de vehículos oficiales por parte de los miembros del Ejecutivo, recalcan que "cuestión distinta es el abuso en el uso" y citan varios casos como el desplazamiento a una boda, a un concierto o a un mitin del PSOE por parte de Sánchez, empleando el avión Falcon del Ministerio de Defensa, según recogieron en su día varios medios de comunicación.
"El gasto del presupuesto público debe hacerse con criterios de eficacia, eficiencia y austeridad", sostiene la moción del PP, cuyo argumento para exigir la devolución del importe de esos viajes es que Pedro Sánchez y su Gobierno están conculcando "de manera reiterada" la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013.
