En Granada, una de las ciudades españolas con peor calidad del aire, hay un colegio público en el que, según un estudio de Ecologistas en Acción, se cuadruplican los límites legales de contaminación que la Organización Mundial de la Salud considera aceptables, lo que ha llevado a las familias a secundar este miércoles una protesta con una cadena humana para exigir a las administraciones medidas urgentes.
Se trata del Colegio de Educación Infantil y Primaria "José Hurtado", ubicado en el céntrico barrio del Realejo, en cuyo entorno se respira una cantidad de dióxido de nitrógeno por encima del límite legal, lo que lo convierte en el centro educativo donde se respira el aire más contaminado de Granada, según un reciente estudio de Ecologistas en Acción.
El estudio ha analizado la calidad del aire en 160 centros educativos de Barcelona, Madrid, Vigo, Murcia y Gijón, además de Granada, a quien un informe del Observatorio de Sostenibilidad situó hace dos años entre las urbes más contaminadas por dióxido de nitrógeno, solo por detrás de Coslada (Madrid).
En protesta por la situación, familias y niños del colegio se han concentrado este miércoles a las puertas del centro con chalecos amarillos y pancartas con el lema: "Ir al cole mata".
Los manifestantes, que han cortado el tráfico durante unos minutos, han coreado consignas como "Injusticia, manifestación, queremos vivir sin contaminación" o "este aire es una basura".
Al término, la presidenta del Asociación de Madres y Padres, Isabel Rodrigo, ha leído un manifiesto en el que ha alertado del aire "altamente nocivo" que respiran los niños a diario en sus trayectos y jornadas lectivas, "precisamente los menores de edad, el tramo de población más sensible a la contaminación atmosférica".
Entienden que, de acuerdo con el estudio, se están incumpliendo los límites de contaminación que impone la normativa Europea y se está vulnerando el derecho a la salud de las familias, "un derecho fundamental del que las distintas administraciones deberían ser garantes".
Por ello, reclaman a las administraciones que tomen medidas "eficaces" que salvaguarden el derecho a la salud de las familias, especialmente de los menores, ante una situación "crítica" que exige acciones "urgentes" para paliarla.
