El presidente saliente de la Diputación de Cádiz y portavoz del grupo socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reconocido que el cambio al frente de la institución provincial “se ha producido democráticamente”, pero ha advertido de que “vigilaremos que no se detraigan fondos que le corresponden” a los municipios de menos de 20.000 habitantes “para dar cumplimiento a las inversiones contempladas” en el pacto de Gobierno suscrito entre PP y La Línea 100x100.
En su discurso en el Pleno de Constitución de la nueva Corporación provincial, Ruiz Boix ha acusado de forma velada a la formación liderada por Juan Franco de “incumplir su palabra”, en referencia al compromiso hasta en tres ocasiones antes y después del 28M de reeditar su alianza con los socialistas.
Y, finalmente, ha considerado “sorprendente y censurable la utilización partidista de la Junta de Andalucía” en el acuerdo entre PP y La Línea 100x100. “Aparece por escrito que personal técnico, no cargos político, personal técnico de la Junta de Andalucía participará en una comisión de seguimiento” del pacto, ha remarcado, para agregar que “no es una buena seña de identidad comenzar esta nueva etapa con esa mácula”.
Ruiz Boix también le puso tarea a la presidenta. Por un lado, pidió que mantuviera el Consejo de Alcaldías. Por otro, dado que “el PP no depende en esta institución de los votos y exigencias de Vox a los que se ha plegado en otras comunidades y ayuntamiento, espero que mantenga el Servicio de Memoria Histórica de Diputación”, reclamó. Finalmente, exigió renovar el compromiso con la rehabilitación de Valcárcel. A las tres demandas, por cierto, Almudena Martínez del Junco dijo sí, ampliando la cooperación con los ayuntamientos con la creación de una Oficina de Atención a Alcaldías.
Finalmente, el dirigente socialista defendió la gestión de los dos últimos gobiernos, encabezados por Irene García y más recientemente por él mismo, destacando planes de inversiones por importe de 86,2 millones de euros; fondos para paliar los efectos de la crisis sanitaria, con 49,1 millones; el gasto del 44% de los presupuestos provinciales en políticas sociales; o la reducción de en más de 100 millones de la deuda financiera y el pago a proveedores en 26 días de media.
“Ese es el legado que dejamos de nuestro paso por la Diputación. El nuevo Gobierno y la presidenta tienen la oportunidad de igualar e incluso nos alegrará que superen nuestra gestión”, concluyó.
