"Los arrestos no se llevan cabo sobre bases sectarias, pertenencias políticas o de otro tipo como algunos sectores insinúan, sino por las pruebas que condenan a la persona, sin discriminación", aseguró Al Maliki en un comunicado difundido por su Oficina de Información.
La nota agrega que "el Gobierno del primer ministro, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cumple con su deber de detener y castigar cuando lo ordena la Justicia".
El comunicado no se refiere a los datos que acusan a Al Maliki de ordenar la formación de equipos encargados de perpetrar torturas y matanzas.
Sin embargo, afirma que "pese a la complicidad de algunos medios de información con la dirección (WikiLeaks) que les filtró la documentación antes de difundirla en su página, no han podido presentar una sola prueba de una conducta antipatriótica por parte del primer ministro".
"Los iraquíes son conscientes de que estas jugarretas y bombas informativas tienen conocidos objetivos políticos", subraya la nota, según la cual la manera y el momento de filtrar estos documentos que acusan al primer ministro y a otros responsables iraquíes "plantean más de un interrogante".
Al Maliki lucha en la actualidad por la reelección como primer ministro, después de que en las elecciones del pasado 7 de marzo su coalición Estado de Derecho quedase en segundo lugar con 89 escaños y de que la ganadora, Al Iraqiya, tampoco consiguiera con sus 91 asientos el suficiente respaldo para formar gobierno.
El comunicado destaca que Al Maliki en sus cuatro años de gestión ha trabajado arduamente por la unidad del país y ha tomado "posturas valientes que sepultaron la violencia sectaria en todo Irak y ha luchado contra los que están fuera de la ley y cometen actos terroristas".
Por otra parte, la oficina del primer ministro dijo que estudiarán la documentación de WikiLeaks, que revela una conducta inapropiada de las tropas estadounidenses en Irak o de compañías dependientes de ellas.
Entres estas últimas, puso como ejemplo la empresa de seguridad Blackwater, a la que el Gobierno iraquí prohibió trabajar en el país por las agresiones perpetradas contra iraquíes inocentes.
"Por ello, reiteramos la necesidad de que se tenga en cuenta esa documentación para que nuestros ciudadanos que quizá fueron víctimas de violaciones logren la justicia. El Gobierno no será negligente en los derechos de los ciudadanos, sin excepción", indica el escrito.
Además, explica que "algunos testimonios dirigidos contra otros sectores no estadounidenses (iraquíes), deben ser revisados con cautela e investigados, por lo que el Gobierno los tendrá en cuenta e investigará para ver hasta qué grado son verdaderos, con la finalidad de llevarlos ante la Justicia".
La filtración a través de la página de internet WikiLeaks de 391.000 documentos sobre la guerra en Irak reveló hoy numerosas denuncias de torturas y abusos que EEUU nunca investigó, muertes de civiles de las que no se informó y la ayuda iraní a las milicias iraquíes.
Los informes señalan que desde la invasión estadounidense de Irak, en 2003, han fallecido más de 100.000 iraquíes, de los que unos 70.000 eran civiles.
