En declaraciones a Europa Press, el regidor motrileño ha manifestado que el Consistorio ha atendido "las demandas" de los ciudadanos rumanos de volver a su país y por ello, "hemos recibido la felicitación del Consulado de Rumanía, con el que hay buenas relaciones por las gestiones realizadas", argumenta Rojas.
Al respecto, ha explicado que a través del Consulado, el Ayuntamiento ha facilitado "todos los papeles y se ha ayudado a realizar los trámites lo más eficaz y rápido posible", para que, según el alcalde, "estos ciudadanos se fueran a su país tal y como era su voluntad".
Entretanto, detalla que ha enviado sendos escritos tanto a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta como al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para que "quede claro que el Ayuntamiento en todo momento ha atendido socialmente a estas personas desde el punto de vista sanitario como social, y sobre todo a los niños y personas que estaban en peor situación". Asimismo, se ha colaborado con Cruz Roja y se ha elaborado un informe en el que se explica que "lo primero para la Administración local ha sido siempre atender a las personas que estaban con dificultades y así se ha hecho", sostiene Rojas.
Ante la situación que se ha generado en los últimos días porque el Ayuntamiento haya pagado el viaje de vuelta a su país de origen a varias de estas familias, según informan a Europa Press fuentes municipales, de IU y varias ONG, el alcalde de Motril lamenta que "se ha creado demasiada alarma social", de la que, a su juicio, "algunos políticos han intentado aprovechar el tema políticamente sin ninguna justificación y con el único propósito de gastar la imagen de la ciudad y su Ayuntamiento".
"UNA ACTUACIÓN MODÉLICA Y EXQUISITA"
En cualquier caso, ha proseguido, "todos los vecinos saben que la actuación ha sido modélica y exquisita en todo momento", puesto que, según fundamenta, "el primer factor que ha tenido en cuenta el Consistorio ha sido la caridad humana y atención social a estas personas".
En esta línea, ha criticado al PSOE, que "fuera de los medios de comunicación no niega lo que ha hecho el Ayuntamiento y publicamente intenta arañar algunos votos y proyectar todo este caso como una discriminación", algo que, según Rojas, "no les ha salido bien porque como se ha demostrado la actitud de la ciudad ha sido modélica desde todos los puntos de vista".
En relación a las declaraciones del subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, en las que mantiene que el Ayuntamiento de Motril no tiene "autoridad ni competencias" para "expulsar" del municipio "a nadie", el alcalde defiende que "estas palabras vienen a dar la razón" al Consistorio en cuanto a la marcha de estos ciudadanos que "ha sido voluntaria", ha reiterado.
Por su parte, el subdelegado ha aclarado que los afectados son ciudadanos de la Unión Europea (UE) y sólo pueden ser expulsados mediante una resolución judicial "muy fundamentada". "Entiendo que el Ayuntamiento de Motril no los ha expulsado porque no tiene autoridad ni competencia" para hacerlo, ha precisado. Respecto a la legalidad del procedimiento de desalojo llevado a cabo por el Ayuntamiento local, la Junta y el Defensor del Pueblo Andaluz ya han solicitado información documental sobre el asunto.
Al hilo de ello, según explicó el día 17 el concejal de Interior en el Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes, el procedimiento seguido cumple "la más estricta legalidad" y se ha llevado a cabo "sin tener en cuenta la nacionalidad" de los afectados, ya que en este asentamiento también vivían personas de origen magrebí y español.
"COMO SARKOZY"
Esta versión no es compartida por el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Motril, quien informó a Europa Press de que el desalojo se aprobó en pleno el día 29 de octubre para dar una solución "oportunista" a este problema aprovechando lo que "está ocurriendo en otros lugares", en relación a los desalojos realizados por el presidente francés, Nicolás Sarkozy.
Mientras, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Asociación Gitana Anaquerando y Motril Acoge han criticado la actuación del Ayuntamiento en el desalojo y pago del billete a su país de estos ciudadanos rumanos, acción que han calificado como una expulsión "disfrazada" por motivos étnicos.
