Según la ministra, las medidas contenidas en el decreto están dirigidas a mejorar la competitividad de la economía, facilitar el desarrollo de la actividad empresarial, reforzar el futuro de la Seguridad Social y contribuir a abrir más la economía mediante la privatización de organismos como Aena y Loterías y Apuestas del Estado.
Entre las principales medidas, además de la privatización de estos entes, está la rebaja del Impuesto sobre Sociedades para las empresas de reducida dimensión (concepto que pasa de 8 a 10 millones de euros de facturación), que disfrutarán del tipo reducido del 25% hasta los 300.000 euros de beneficio, frente a los 120.000 euros anteriores.
Además, adelantó que para que la tributación no sea un impedimento al crecimiento de las empresas, las compañías que superen la cifra de negocio máxima que da derecho a esta rebaja fiscal (10 millones de euros) podrán mantener este estatus durante tres años más. El coste de la medida rondará los 230 millones de euros, cantidad "asumible", en palabras de Salgado.
El decreto-ley incluye también la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para todas las operaciones societarias y se generaliza la libertad de amortización hasta el año 2015. Igualmente, Salgado anunció que los activos que se adquieran en diciembre, en concreto a partir de mañana, cuando previsiblemente se publicará el decreto-ley, podrán beneficiarse de esta amortización.
También se suprime la obligatoriedad a todas las empresas del pago de la cuota cameral. En concreto y para que las Cámaras puedan adaptar su actividad a este recorte, se elimina la obligatoriedad con carácter inmediato para las empresas de reducida dimensión y, para el resto, se establece un periodo transitorio a lo largo de todo el año 2011.
En cuanto a la constitución de empresas, el decreto incorpora la reducción de costes y de plazos. Así, la ministra indicó que una empresa cuyo capital sea de entre 3.000 y 3.100 euros, el 90% de las nuevas constituciones, podrán constituirse en un plazo máximo de un día y con un coste máximo de 100 euros.
El decreto-ley también recoge la supresión de la ayuda de 426 euros para los parados que hayan agotado todas las prestaciones, eliminación que ya se contemplaba en el decreto en el que se aprobó dicha ayuda.
