El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso, a través de la diputada nacional por Cádiz, Blanca Armario, ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga en marcha medidas urgentes para impedir la venta fraudulenta de patatas egipcias como nacionales. Armario ha manifestado su preocupación por cómo puede afectar el aumento de la llegada de patatas desde el norte de África, un aumento que el sector cifra en un 600% en 2023, a los agricultores de la provincia de Cádiz, en especial en Sanlúcar de Barrameda, que es “una de las grandes referencias nacionales en el cultivo de patatas de gran calidad”, señala la diputada de VOX.
Allí se usan productos fitosanitarios que en España están prohibidos“Desde VOX nos oponemos frontalmente a la competencia desleal de productos de terceros países que ofertan precios más económicos debido a que la mano de obra en el país de origen es mucho más barata y, además, allí se usan productos fitosanitarios que en España están prohibidos”, afirma Blanca Armario.
Esta preocupación se agrava cuando, además, la venta de estas patatas de Egipto se produce de forma fraudulenta mediante la falsificación y manipulación de los documentos de trazabilidad, así como con la manipulación del envasado y etiquetado final con el fin de hacerlas pasar por patatas nacionales. En este sentido, Armario recuerda que, a finales del pasado mes de abril, la Guardia Civil sacaba a la luz un entramado ilegal de varias empresas que vendían patatas llegadas desde Egipto como producto de origen nacional. Esto, sumado a la inquietud manifestada por las cooperativas sanluqueñas por el aumento de la llegada de patatas procedentes de Egipto, ha llevado a VOX a exigir al Gobierno medidas urgentes para impedir la venta fraudulenta de patatas egipcias como nacionales y solicita la elaboración de un estudio sobre el impacto que tiene el fraude de la venta de patas egipcias en el sector primario de la provincia de Cádiz.
Cabe recordar que, ante la grave crisis que atraviesa el mundo rural por culpa del Pacto Verde y la Agenda 2030, VOX exige, tanto al Gobierno de España como a la Comisión Europea, soluciones firmes e inmediatas para paliar el agravio comparativo de productos de terceros países que gozan de una legislación más laxa en la regulación y empleo de sustancias fitosanitarias, el uso de muchas de las cuales está prohibido en la Unión Europea. Del mismo modo VOX exige un efectivo control en frontera de productos con sustancias fitosanitarias prohibidas en la Unión.
Por todo ello VOX exige la derogación del Pacto Verde Europeo y propone la implantación de un “arancel verde” que grave proporcionalmente las importaciones de productos agrícolas elaborados con menores estándares sociales y ambientales, cuyos fondos serían destinados a compensar a los sectores afectados y reforzar las inspecciones de seguridad en su entrada por la frontera.
La diputada Blanca Armario confía en que se encuentre una solución a este problema para que las pérdidas no sean más cuantiosas.
