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Expertos jurídicos proponen límites para el ejercicio presidencial en Egipto

Un comité de juristas de Egipto anunció hoy sus propuestas para fijar un nuevo marco constitucional.

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 Un comité de juristas de Egipto anunció hoy sus propuestas para fijar un nuevo marco constitucional que impida que el próximo presidente pueda perpetuarse en el poder, práctica habitual en la reciente historia del país.

Los expertos constitucionales, que fueron nombrados el pasado 15 de febrero y tenían un plazo de diez días para elevar sus conclusiones, sugirieron reducir de seis a cuatro años el mandato presidencial y permitir sólo una reelección.

Las propuestas fueron anunciadas en una rueda de prensa por el presidente de este comité, Tareq el Bashri, acompañado por otros miembros de ese órgano, después de reunirse con representantes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Este consejo, que heredó el poder cuando renunció el presidente Hosni Mubarak, el pasado 11 de febrero, se ha comprometido a someter estas enmiendas a un plebiscito, dentro de los próximos dos meses, y mejorar también el marco electoral para garantizar unos comicios limpios y libres.

Sería la primera vez que se aplica en Egipto un límite de ocho años de mandato presidencial.

Después de que los militares egipcios encabezados por el coronel Gamal Abdel Naser terminaran el 23 de julio de 1952 con una monarquía que estuvo vigente por 150 años, los jefes de Estado sucesivos nunca encontraron límites en su mandato.

Naser y su sucesor, Anuar el Sadat, murieron en el ejercicio de la Presidencia, y el siguiente, Mubarak, renunció al poder después de conservarlo durante casi treinta años.

Sólo a partir del 2005 Mubarak permitió una elección presidencial con varios candidatos. Antes de ese año, la votación implicaba someter su mandato a plebiscito, sin posibilidad de que hubiera rivales en la carrera electoral.

El Bashri, ex vicepresidente del Consejo de Estado, también explicó otra serie de enmiendas para relajar los requisitos para poder ser candidato presidencial.

Sólo se necesitará uno de estos requisitos: el apoyo de 30.000 ciudadanos, que su candidatura sea respaldada por al menos 30 diputados o que pertenezca a un partido con representación parlamentaria, aunque sea de un sólo legislador.

Los requisitos actuales son muy restrictivos y, por ejemplo, impiden la posibilidad de que haya candidatos independientes, algo que sí podría darse si se ratifica el nuevo marco constitucional.

Los expertos sugirieron además que el presidente egipcio sea de esa nacionalidad, que sus dos padres sean también egipcios, sin posibilidad de doble nacionalidad, que no esté casado con una extranjera y que sea mayor de 40 años.

Los gobernantes militares de Egipto han prometido que el período de transición se prolongará por seis meses, antes de entregar el poder a las autoridades elegidas en elecciones parlamentarias y presidenciales, pero no han fijado fechas para esas dos votaciones.

Antes de la renuncia de Mubarak, los comicios presidenciales estaban convocadas para septiembre próximo. En noviembre y diciembre pasados hubo elecciones parlamentarias, pero plagadas de denuncias de fraudes y, de hecho, el Parlamento ha sido disuelto.

El comité de expertos, un órgano plural y técnico que incluso tenía un jurista de los Hermanos Musulmanes, el grupo opositor más importante de Egipto, anunció también sus propuestas para otros artículos de la carta magna.

Entre ellas figura la obligatoriedad de que sea nombrado un vicepresidente en un plazo de 60 días después de que asuma el jefe de Estado. Mubarak mantuvo vacante ese puesto hasta pocos días antes de su renuncia, cuando nombró para el puesto a su jefe de los servicios de inteligencia, Omar Suleimán.

El comité también anunció que proponía derogar el artículo 179, que abre una puerta trasera legal a la Ley de Emergencia, vigente en el país desde hace tres décadas, y también sugirió una serie de condiciones para aplicar esa medida de excepción.

De cualquier forma, según dijo El Bashri, la idea es que estas enmiendas constitucionales, si se aprueben en plebiscito, permitan llegar a unas elecciones de las que surgirá un nuevo Parlamento que se encargará posteriormente de redactar una nueva carta magna.

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