Un estudio de la Universidad de Granada sobre la eutanasia y el suicidio asistido concluye que se necesitan aproximadamente dos décadas de movilización social, más o menos intensa, para que el poder legislativo finalmente apruebe una norma que regule ambas situaciones.
La investigación, llevada a cabo por el departamento de Filosofía I y la unidad de excelencia de la institución académica que trabaja en el ámbito de la Filosofía aplicada a distintas esferas del debate público, analiza las disposiciones legales sobre la eutanasia y el suicidio asistido en distintos países y explora la relación entre esas normativas, la movilización social y la intuición moral compartida por la sociedad.
Por otra parte, los investigadores han determinado que no hay riesgo de que posteriormente exista algo parecido a una escalada de nuevas peticiones que se sitúen en el ámbito de lo éticamente injustificable o controvertido.
En concreto, el grupo de investigadores ha analizado para 27 marcos normativos de otros tantos países los registros históricos de 40 años de actitudes de la sociedad hacia la eutanasia y el suicidio asistido y, finalmente, ha realizado dos encuestas experimentales sobre estos asuntos en España e Inglaterra.
Aumento generalizado de la aceptación pública
Según los autores, en las últimas décadas la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido "ha avanzado globalmente, paralelamente a un aumento generalizado en la aceptación publica de estas prácticas".
Sin embargo, los expertos en ética médica y política han alertado sobre el riesgo de una "pendiente resbaladiza", que podría derivar en un debilitamiento de la oposición global a otras formas no éticamente justificables de muerte medicalizada.
El estudio, liderado por Ivar R. Hannikainen, revela que las actitudes morales preexistentes son el principal factor que determina la promulgación de leyes sobre la asistencia médica para morir.
A través de esas dos encuestas experimentales, registros históricos de la percepción social sobre el asunto y las diferentes legislaciones existentes, los autores concluyen que la legalización de estas prácticas no altera significativamente la percepción moral de la sociedad.
En lugar de ello, agregan, las leyes reflejan y consolidan un sentido moral compartido que ya existe y que se ha fraguado en, por lo general, las dos décadas anteriores.
"Estos patrones morales se alinean con los criterios que legalmente determinan la elegibilidad de los pacientes e incluyen restricciones comunes, como la mayoría de edad del paciente, su capacidad de toma de decisiones, su pronóstico clínico y la naturaleza de su enfermedad, criterios cuyo cumplimiento eleva la aprobación moral hacia la muerte asistida por médicos", indican.
Por otra parte, los hallazgos cuestionan la tradicional preocupación de que la legalización de la eutanasia pueda desencadenar un efecto en cadena hacia prácticas éticamente controvertidas.
En cambio, destacan que las leyes sobre la ayuda médica para morir cristalizan la relación entre la cognición moral y la normativa legal, disipando temores de una progresión hacia terrenos éticos ambiguos.
El estudio se enmarca en dos proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación.
