El Pleno municipal ha aprobado la modificación del Plan Ajuste para facilitar un nuevo pago a proveedores. El Ministerio de Hacienda exige al Ayuntamiento reducir un cinco por ciento su gasto corriente y de personal para así poder acogerse al Fondo de Ordenación de 2025. Otra de las exigencias estatales es la subida de los impuestos ante el déficit que manifiestan los servicios públicos. El alcalde, Miguel Rodríguez, explicaba en el Pleno que el Ayuntamiento no tiene la capacidad de decidir sobre estas medidas ante su carácter de imposición desde el Ministerio y aprovechaba para anunciar el visto bueno de Hacienda al Presupuesto General 2024 “ya que se estaría cumpliendo con el pago de la deuda con el ICO y la bajada de las operaciones pendientes de aplicación”.
Rodríguez aseguraba que son medidas “que ningún gobierno quiere”, justificando así el voto a favor de su partido, el PP. El portavoz de Ai-Pro y primer teniente de alcalde, Leopoldo Pérez, señala que “el Gobierno de Sánchez castiga al Ayuntamiento por su situación económica y que esto es algo que van a sufrir los arcenses”. Suma que algunas de las medidas incluidas en este nuevo plan de pago a proveedores obligan al Ayuntamiento a subir los impuestos de los servicios públicos que se prestan y a bajar el gasto público en un cinco por ciento, casi 1,5 millones euros.
Esta situación, según Pérez, provocará una reducción de personal y por ende de servicios a la ciudadanía. Así, admite las subidas en el recibo del agua y por recogida de basuras, aunque matiza que en el segundo caso sólo se ve afectada la parte de la población que teóricamente contamina más. Estas medidas impuestas por el Ministerio también obligarían al Ayuntamiento a potenciar la inspección tributaria, algo que ya se estaría realizando a raíz de la identificación de 3.000 familias que hasta el momento no pagaban el recibo de la basura.
El Ayuntamiento espera aumentar la recaudación a través de la inspección de veladores, el control sobre las sanciones urbanísticas y la correcta aplicación de precios públicos. Pérez también justificaba en la sesión la subida de la tasa por las escuelas deportivas municipales que considera necesaria. Por último, destacaba la bajada en cinco millones de euros de las operaciones pendientes de aplicación para así cumplir con el controvertido Plan de Ajuste.
El PSOE votó en contra del plan de pago a proveedores y acusó al equipo de Gobierno de “una gestión desastrosa”. Su portavoz, María José González Peña, apostillaba que el Plan de Ajuste es una herencia desde hace veinte años y afeaba que fue aprobado por PP y Ai-Pro durante el mandato 2011-2015 contemplando grandes recortes; un plan que, según la socialista, lograron modificar a su llegada al gobierno en 2015 para evitar el cierre de servicios públicos esenciales. Además, sostuvo que para cumplir con el Plan de Ajuste “o se incrementan los ingresos o se reducen los gastos”. González Peña añadía que el PSOE logró en su último mandato recaudar más sin subir los impuestos y reduciendo gastos. Una vez más diría que “la marcha” que proclama el ejecutivo respecto a su gestión “la tienen que pagar los ciudadanos”, por lo que preguntó abiertamente al equipo de Gobierno si subirá finalmente los impuestos. González Peña aseguraba que los planes de ajuste deben corresponderse con la Ley y reprochaba nuevamente al ejecutivo el déficit de más de tres millones de euros arrojados por la liquidación del último Presupuesto General.
Por su parte, el portavoz del PP, Oliver Verhoeven, respondía que “los únicos que no han cumplido con el Plan de Ajuste han sido los concejales del PSOE”, para citar como ejemplo el tiempo de cierre de la biblioteca el pasado año. De nuevo, aseguraba que el gasto en fiestas y eventos en menor de lo que piensa el primer grupo en la oposición, al que reclamaba responsabilidad y mayor apoyo en los momentos económicos difíciles. Así, el punto salió adelante con los votos favorables de los dos partidos de gobierno y en contra del grupo socialista.
De otro lado, el punto que cerraría el orden del día, sobre la formalización del préstamo con el Fondo de Entidades Locales, fue aprobado por unanimidad.
