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España

Las dos imputadas se consideran ?víctimas?

Sobre el ERE supuestamente falso del restaurante Río Grande

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La dueña del restaurante Río Grande y la mujer presunta “intrusa” en dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) supuestamente fraudulentos declararon ayer ante la juez como imputadas y aseguraron que son “víctimas” y no beneficiarias de los fondos públicos.

María del Carmen García, propietaria del restaurante, afirmó que sus asesores jurídicos se encargaron del ERE para doce trabajadores y que se limitó a firmar los documentos. Los asesores fueron el exsindicalista Juan Lanzas y Francisco González, comercial de Vitalia Vida, una consultora dedicada a prejubilaciones, según la empresaria, imputada por prevaricación, maquinación para la obtención fraudulenta de fondos y cohecho.

La empresaria aseguró que la mujer “intrusa” en los ERE, Carmen Fontela, no estaba dentro de la relación de trabajadores acogidos al ERE que ella firmó, y agregó que se sentía “perjudicada y víctima” a pesar de que la Junta abonó los 1,5 millones de euros del ERE de su empresa.

Fontela, por su parte, aseguró que también es “víctima de un engaño” porque, aunque recibió al menos 150.000 euros, no se benefició del dinero, asegurando que lo hizo por hacerle un favor a Francisco González, “Paco”.

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