Según ha informado el Ministerio del Interior, la organización, integrada principalmente por ciudadanos de nacionalidad húngara, rumana y española, contaba con la colaboración de personal especializado de concesionarios y talleres oficiales que emitían un certificado en que hacían constar que los automóviles no presentaban signos de manipulación.
Los coches, una vez sustraídos, eran introducidos en España a través de los contactos previamente establecidos con personal relacionado con la compraventa de vehículos en el mercado de segunda mano. La organización tenía intermediarios, como trabajadores de talleres y concesionarios oficiales, que actuaban en connivencia con los ladrones. Incluso, contaban con la colaboración de empleados que llevaban a cabo actividades de matriculación y de algunos ingenieros de las Inspecciones Técnicas de Vehículos en varios centros autorizados.
Los automóviles habían sido puestos en circulación y comercializados en Madrid, Santander, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Cuenca, Almería, Córdoba, Jaén y Granada. En todos los casos, eran coches nuevos o seminuevos, nunca superaban los tres años de antigüedad, de gran cilindrada y cuyo precio en el mercado superaba los 50.000 euros. Además, iban acompañados de documentación falsificada.
VENTA POR INTERNET
Otro modo de poner en el mercado los vehículos era publicar anuncios en páginas especializadas en compraventa de coches a través de Internet. Cuando se llegaba a concertar una cita con los posibles clientes, iban a recogerlos a aeropuertos españoles y, posteriormente, eran trasladados al lugar donde se encontraban los automóviles, generalmente concesionarios oficiales.
En estos establecimientos, a petición del cliente y previo pago del dinero, se le emitía un certificado en el que constaba que el automóvil no presentaban signos de manipulación de ninguna clase. Este hecho impedía que el comprador detectase que su coche era de procedencia ilícita.
Además, el máximo responsable de la banda de ladrones logró captar al jefe de taller de un concesionario oficial en la provincia de Castellón que finalmente acabó extorsionando a la propia organización. Les exigió hasta 12.000 euros a cambio de no informar a la policía de la presentación de vehículos con evidentes signos de haber sido robados.
