Griñán ha planteado esta reivindicación durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno para hacer balance de la legislatura, en la que ha asegurado que el compromiso social es "fuerte", pero el sistema de financiación de la dependencia "no es justo".
"No es justo que se siga financiando por prestaciones teóricas y no es justo que Andalucía cumpla con la ley y se esté haciendo cargo de la mayor parte del coste de las prestaciones", ha expuesto.
Por ello, cree que esta prestación necesita "un nuevo modelo financiero".
Para argumentar su petición, el presidente de la Junta ha esgrimido que Andalucía es actualmente líder en el desarrollo de la Ley de la Dependencia y aglutina en torno al 30 % de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias en el conjunto de España.
La comunidad autónoma ha triplicado en esta legislatura las prestaciones hasta alcanzar las 259.000, según Griñán, que ha destacado que más de 191.000 personas reciben alguna de ellas (67.900 dos o más a la vez), entre las que destacan el servicio de ayuda a domicilio (50.100 personas beneficiarias, el 42 % del total nacional), los centros de día (11.700, el 20 %) y la teleasistencia (64.000, el 52 %).
El Sistema de Atención a la Dependencia, consolidado a lo largo de esta legislatura, ha permitido en Andalucía la creación de más de 50.000 empleos, entre los que destacan 17.000 del servicio de ayuda a domicilio y 22.000 en centros financiados por la Junta, donde también se han creado 22.500 plazas, ha precisado.
La Administración autonómica ha destinado unos 4.000 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia, con una inversión media que actualmente se sitúa en unos tres millones de euros al día.
Para el próximo año se consigna una partida inicial de algo más de 912 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,4 %, ha recalcado el jefe del Ejecutivo andaluz.
Según Griñán, desde la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia, la Junta ha destinado 973 millones de euros a los ayuntamientos y diputaciones para financiar la contratación de personal y el servicio de ayuda a domicilio.
Precisamente hoy, el Consejo de Gobierno ha acordado la distribución de 19,94 millones entre las ocho diputaciones provinciales y los 81 municipios de más de 20.000 habitantes para financiar en 2012 el mantenimiento de los contratos de 536 profesionales dedicados a la atención a personas dependientes.
Estos empleados, incorporados desde 2006, realizan fundamentalmente actividades relacionadas con la tramitación de las solicitudes de baremación de la dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios, así como con la ayuda a domicilio.
De ellos, 268 son trabajadores sociales y 268 personal administrativo, contratados tanto por los municipios de más de 20.000 habitantes como por las diputaciones provinciales para atender al resto de las localidades.
Los Servicios Sociales Comunitarios se encargan, entre otras funciones, de gestionar la ayuda a domicilio, tramitar ayudas y prestar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a colectivos como los de personas mayores y con discapacidad o inmigrantes.
Esta gestión compete a las entidades locales, mientras que la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal.
