Entre otros, el Gobierno ha mantenido contactos con los Ejecutivos de Estados Unidos, México, que actualmente ejerce la presidencia del G-20, y Colombia, anfitrión de la Cumbre de las Américas que arranca hoy y donde algunos de los países participantes con inversiones en Argentina sacarán el debate sobre la seguridad jurídica.
Así se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores y de cooperación José Manuel García-Margallo en declaraciones a los medios de comunicación tras recibir en el Palacio de Santa Cruz al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, a quien ha trasladado la "preocupación" del Gobierno por los acontecimientos en torno a YPF.
Eso sí, ha dejado claro al embajador que "cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerado como una agresión por parte del Gobierno español, que tomará las acciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados".
García-Margallo ha evitado detallar de qué manera reaccionaría España en caso de que esta crisis no se resuelva, porque esa hora todavía no ha llegado y es tiempo de hacer una "llamada al sentido común y al buen acuerdo", ha dicho.
No obstante, ha opinado que a Argentina "no le haría ningún favor tener un pleito de una cuantía no imaginada y volver a una Corte de arbitraje en Washington en la que ya ha estado presente demasiadas veces".
En este marco de la llamada al diálogo y a la negociación, el ministro ha corregido las declaraciones que esta mañana el secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, hizo en una cadena de radio, donde indicó que si Argentina nacionaliza YPF podría convertirse en un "apestado internacional".
García-Margallo ha respondido a un periodista argentino que no comparte esta opinión. "Creo que tendría dificultades internacionales, pero ése es un adjetivo que yo no utilizaría nunca", ha indicado.
El ministro ha recordado que en el año 2001 el Gobierno de José María Aznar salió al rescate de Argentina concediéndole un crédito de 1.000 millones de dólares, y ha advertido de que una ruptura entre los dos países por el caso YPF no se quedaría solo en el ámbito económico, sino que equivaldría a poner fin a una relación "fraternal de mucho tiempo". "Sería el peor de los escenarios", ha señalado.
García-Margallo ha afirmado que el Gobierno "comprende que la cuestión energética es un problema importante para Argentina", que "debe entender" a su vez que "la protección de los intereses y empresas españolas en el exterior es importante para España".
Las primeras noticias que tuvo el Gobierno sobre las diferencias entre Repsol y el Ejecutivo argentino se remontan a principios de febrero, cuando se revocó un acuerdo de distribución de dividendos y el Gobierno argentino intentó fijar una política distinta de inversiones por parte de la empresa, a lo que siguió la retirada de las concesiones petrolíferas por determinadas provincias argentinas, lo que ha devaluado las acciones de la compañía en un 40 por ciento.
El ministro ha admitido tener conocimiento de la existencia de un proyecto de ley que permitiría al Gobierno argentino tomar el control de la petrolera. Ese texto, según García-Margallo, puede ser remitido directamente por la Presidencia argentina a las Cámaras, pero ha indicado que no tiene constancia de que ya haya llegado al Parlamento.
