La ordenanza municipal de convivencia entró en vigor el pasado miércoles 23 de mayo. Tal y como se había anunciado, en la tarde del jueves, el concejal de Policía Local y Protección Civil, Carlos Coronado, recibía a una delegación de la asociación Pro Derechos Humanos Andalucía.
Coronado se reunió con miembros del colectivo y varias personas que ejercen el trabajo sexual. El motivo que originaba esta convocatoria no era otro que abordar los aspectos más relevantes que están reflejados en la citada ordenanza. Especialmente, los representantes de Pro Derechos Humanos mostraron interés por conocer la forma en la que puede afectar esta nueva normativa a los diferentes colectivos con los que vienen trabajando la asociación, entre ellos, inmigrantes y prostitución.
En una primera intervención, el responsable de Policía Local y Protección Civil, aclaró que se han fijado unas pautas, a modo de manual, para que los agentes de Policía Local conozcan cómo debe procederse al aplicar la citada ordenanza. En este sentido, Coronado expuso que “no es el agente de Policía Local quien sanciona in situ”. Por el procedimiento que se ha establecido, en primer lugar, los agentes realizarán advertencias para que se desista en la actitud y de no ser así, se levantará un acta. La misma será revisada después por los instructores de Policía Local, quienes deberán estudiar si lo que se recoge en dicha acta es contrario a la ordenanza. Dados todos estos pasos, de ser afirmativo, se procederá a sancionar la conducta.
Una de las cuestiones que se puso encima de la mesa tiene que ver con el trabajo sexual, ya que en el artículo 20 de la ordenanza se regula “la prohibición de ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, servicios sexuales retribuidos en el espacio público…”. Y más concretamente, se prohíbe especialmente cuando se produzca a menos de 200 metros de centros docentes, zonas residenciales y zonas de actividad comercial o empresarial. También este texto (artículo 22) recoge que se ofrecerá información y ayuda a todas aquellas personas que quieran abandonar el ejercicio del trabajo sexual, informándoles sobre los centros públicos y privados a los que pueden acudir.
Carlos Coronado ofrece diálogo al colectivo afectado y recuerda que “la experiencia se podrá valorar con el paso del tiempo”. No obstante, las personas que acudieron a esta cita manifestaron estar de acuerdo en que de algún modo hay que acotar el ejercicio de la prostitución en la vía pública.
Desde Policía Local se recordó que la propia ordenanza establece su revisión en un periodo de dos años, por lo que Coronado pidió a Pro derechos Humanos que “siga trabajando y participando en propuestas”. Este mismo colectivo presentó en su día alegaciones al texto de la ordenanza y de ellas, dos fueron aceptadas.
