La Fiscalía de Sevilla ha pedido tres años de cárcel para un guardia civil acusado de quedarse con el dinero de las multas de tráfico que imponía a ciudadanos extranjeros no residentes en España.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, imputa al acusado J.M.M., de 59 años, un total de once apropiaciones de este tipo presuntamente desarrolladas entre el 6 de marzo y el 12 de abril de 2010, cuando el guardia civil impuso otras tantas multas de tráfico a ciudadanos extranjeros que circulaban por carreteras de Sevilla.
En el juicio que celebrará el próximo 23 de noviembre un jurado popular, el fiscal pedirá para el acusado tres años de cárcel, la misma suspensión de empleo o cargo público y una multa 1.200 euros por haberse apropiado de multas que totalizan 2.670 euros.
Según el fiscal, el acusado prestaba servicio en el cuartel de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y la primera apropiación que se le imputa ocurrió a las 15.00 horas del 6 de marzo de 2010, cuando multó en la A-66 a la altura de Salteras (Sevilla) a un camionero marroquí, no residente en España, por cuatro infracciones diferentes.
El conductor se acogió a la posibilidad de pagar en el acto con el correspondiente descuento y abonó 420 euros de los que se apropió el guardia civil.
En ese mismo lugar, el acusado denunció poco después a un irlandés no residente en España que conducía un turismo de matrícula extranjera, que también pagó en el acto 420 euros.
El 7 de marzo de 2010 la denunciada fue una ciudadana alemana no residente en España, que conducía un Fiat Panda en la autovía Sevilla-Huelva en el término de Bormujos (Sevilla), y que pagó en el acto al menos 150 euros.
En ese mismo punto pero el 12 de marzo de 2010, el acusado multó a un chino no residente en España que conducía un camión, que abonó en el acto 105 euros que el acusado "retuvo para sí y no ha devuelto hasta la fecha", según la Fiscalía.
A las 18.58 horas del 25 de marzo de 2010, el guardia civil multó por dos infracciones, en la autovía A-66 en el término de Guillena (Sevilla), a un portugués que conducía un turismo marca Mercedes, quien también se acogió al pago en efectivo y entregó al acusado 210 euros.
Otro conductor multado ese mismo 25 de marzo pero a las 19.26 horas fue otro extranjero a quien el acusado detuvo en la A-66 a la altura de Santiponce (Sevilla), quien abonó 210 euros, y el 26 de marzo el afectado fue un polaco que conducía un turismo y fue multado a la altura de Guillena.
Precisa la Fiscalía que en los once casos imputados el acusado no entregó a la unidad a la que pertenecía el dinero ni el boletín de denuncia, por lo que tampoco las multas han tenido entrada en la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla.
Al tratarse de un presunto delito de malversación de caudales públicos, el caso será enjuiciado por un jurado popular, ante el cual el fiscal pedirá para el agente tres años de cárcel, el mismo tiempo de suspensión de su empleo y la devolución a Tráfico de los 2.670 euros supuestamente apropiados.
