El fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores, ha señalado en cuanto a la situación de las balsas de fosfoyesos en Huelva, que ocupan una extensión de 1.200 hectáreas tras ser vertidos desde hace varias décadas por la empresa Fertiberia --por lo que fue condenada a finales de 2010 a dejar de verter y a descontaminar la zona--, que estos productos "buenos no son, pero no se deben mover porque a dónde se transportan", se pregunta, una cuestión que ha sido respaldada por los técnicos en la materia.
En una entrevista concedida a Europa Press, Flores ha insistido en que "no se pueden mover ni en términos de transporte ni en términos de emanaciones porque las consecuencias serían mayores", por lo que la solución más viable, a su juicio, sería "apilar y plantar encima".
Cabe recordar que en diciembre de 2010 el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y la Junta presentaron la propuesta de regeneración elaborada por la empresa pública Tragsatec --con la colaboración de científicos de las universidades de Huelva, Sevilla y Murcia--, que optaba por técnicas de contención de las vías de dispersión de los contaminantes, pero por el momento no se ha regenerado nada.
En este sentido, el fiscal ha señalado que el proceso es "muy caro y la empresa tiene que tener un aval", indicando además que "los fosfoyesos están ahí y cuanto menos se mueva mejor; hay que taparlos con suelos arcillosos de varias capas y luego plantar encima, que es lo que absorbe la contaminación y es lo que dijeron las universidades", a lo que ha añadido que "al tratarse de una cuestión técnica la última palabra la tienen los técnicos".
Flores remarca que regenerar las balsas de fosfoyesos es "una oportunidad de crear mucho empleo, porque recuperándolas hay trabajo para muchos años, además se recupera un terreno para la ciudad y se puede crear un parque espectacular, pero evidentemente tiene que pagar la empresa".
Para ello existe una sentencia que condenó a la empresa a dejar de verter y a pagar la recuperación de los terrenos, pero "su ejecución es complicada", indicando además que es "la Administración la que tiene que exigir". En este sentido, ha lamentado que el proyecto esté "parado".
