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Cádiz

El robo de droga incautada de Cádiz fuerza al Gobierno a fijar un nuevo protocolo para destruirla

Interior, Justicia y Administraciones Públicas firmarán mañana un protocolo marco que contará también con la rúbrica del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Agencia del Medicamento

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Los Ministerios del Interior, Justicia y Administraciones Públicas, en colaboración con los jueces y fiscales, fijarán un nuevo protocolo para la destrucción de la droga decomisada en operaciones policiales, al objeto de impedir que pueda estar indefinidamente almacenada por toneladas.

Para ello, los ministerios afectados firmarán mañana, miércoles, un protocolo marco que contará también con la rúbrica del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Agencia del Medicamento.

Interior y Justicia, junto al resto de organismos e instituciones implicadas, llevan "mucho tiempo" trabajando en la elaboración de este acuerdo para fijar un protocolo de destrucción de la droga, explicó el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en un acto oficial celebrado el lunes.

La firma de este protocolo se produce coincidiendo con el robo de unos 290 kilos de drogas, la mayoría cocaína, de un depósito policial de Cádiz.

El robo de estupefacientes se produjo en el local donde se almacenan las drogas intervenidas en la provincia de Cádiz, cuya custodia es competencia de la Subdelegación del Gobierno. El Ministerio del Interior ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El depósito está ubicado en el casco urbano de la capital gaditana, en la misma manzana que la comisaría de Policía, y en él se acumula habitualmente gran cantidad de droga, especialmente hachís, ya que en la provincia de Cádiz las fuerzas de seguridad se incautan de aproximadamente la mitad de la droga de este tipo que se interviene en toda España,.

Precisamente ayer también la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, adelantó que se está trabajando "para buscar la fórmula" que permita reducir el volumen de droga que se debe custodiar en estos depósitos hasta que se resuelva el proceso judicial correspondiente.

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