El presidente de Apdha, Andrés de la Peña, quien actuó ayer de portavoz común de ambas ONGs ante la ausencia, por motivos familiares, del presidente de Algeciras Acoge, José Villahoz, insistió una vez más en que las personas recluidas en el CIE “no han cometido ningún delito” y que, aún así, “cuentan con menos derechos de los que tienen los internos de un centro penitenciario”.
En este sentido, De la Peña se refirió al hecho de que las asociaciones sufran la prohibición de acceder al recinto para atender las necesidades sociales de los reclusos, algo que sí se permite, por ejemplo, en la cárcel de Botafuegos, donde estos colectivos desarrollan programas de reinserción.
‘Paso atrás’
Para De la Peña, la posibilidad de que el nuevo CIE recale en una instalación militar, ya sea, como adelantó EL FARO INFORMACIÓN el pasado 3 de enero, Punta Vigia o Punta Camorro -esta última ya en el término municipal de Tarifa, no soluciona el problema. Lejos de eso, desde ambas asociaciones consideran que “ante la pretensión del gobierno socialista de cerrar este CIE y trasladarlo a un centro cerca de Tarifa, tenemos que decir que los llevará a un lugar aislado que dificultará aún más las visitas de familiares y allegados de los inmigrantes”. Además, resaltó que se trata de “zonas de difícil acceso”.
En opinión de De la Peña, este cambio de ubicación supone “un paso más en la política demostrada por la UE con la llamada Directiva de la Vergüenza -una normativa orientativa que ratifica estos centros y extiende hasta un máximo de 18 meses la estancia de los sin papeles en los recintos antes de materializarse su orden de repatriación.
A este respecto, el presidente de la Apdha insiste en que Europa se encamina hacia “cosas como las que están pasando en Inglaterra, donde cada vez el sentido xenófobo y racista es más elevado”. Para De la Peña, la situación económica también es un referente a la hora de los sentimientos racistas: “Encima los tienen metidos en cárceles, lo que supone que los tienen ya separados y etiquetados”, se lamentó.
La concentrados se mantuvieron a las puertas del CIE de La Piñera desde las 12.00 hasta las 12.30 horas sin que se produjese ninguna incidencia. Los representantes de ambas organizaciones animaron a los transeúntes a informarse sobre la causa que estaban defendiendo con el reparto de folletos y dípticos. “Toma y leelo luego con un poco de calma”, comentaban los participantes a los ciudadanos.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se comprometió hace varios meses en su última visita al CIE de Algeciras al cierre de la instalación, reconociendo que no contaba con las condiciones más idóneas para albergar a los inmigrantes que en él se encontraban. A raíz de estas declaraciones, comenzó una secuencia de actuaciones para encontrar la mejor instalación posible, según informó el pasado 3 de enero el diputado Salvador de la Encina. En aquel entonces, De la Encina manifestaba a este diario que dos instalaciones militares en desuso, Punta Vigia y Punta Camorro, eran las que contaban con más papeletas para convertirse en el nuevo CIE, y que según el consejo de un inspector policial, la segunda de ellas era la más plausible.
