El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui, ha apostado este viernes por reformar la Carta Magna con el objetivo de introducir la Sanidad como un Derecho Fundamental y, así, proporcionar "el blindaje jurídico y político" que tiene el Título Primero.
En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Jáuregui ha lamentado que la Sanidad sea "un principio orientador de la Constitución" pero no tenga "el blindaje jurídico y político que tiene el Título Primero, el que se refiere a los Derechos Fundamentales de los españoles, como por ejemplo, la Educación".
Sobre el porqué de no establecer, desde un principio, la Sanidad como un Derecho Fundamental, el socialista ha explicado que hasta que el exministro de Sanidad Ernest lluch estableciese la Ley General de Sanidad, que dio origen al Sistema Nacional de Salud (SNS) en 1986 y, de esta forma, establecer la Sanidad como un "servicio universal y gratuito" no existía una norma.
"Como no lo era en su momento, quizás los constituyentes no se atrevieron a darle la misma dimensión que le dieron a la Educación. La transformación de la que hablaba ayer Alfredo Pérez Rubalcaba tiene un significado importante porque implicaría que el desarrollo de ese principio constitucional fuera siempre realizado por Ley orgánica, no por Ley ordinaria, lo que daría por tanto una jerarquía en el ordenamiento jurídico a la Ley sanitaria, a la Ley básica y orgánica de la Sanidad", ha argumentado.
Dicho esto, ha asegurado que, de introducir la Sanidad como Derecho Fundamental, sería "muchísimo más prevalente". "Todo el ordenamiento jurídico debiera de someterse por tanto a los preceptos de esa Ley y además sería un derecho exigible a los tribunales frente a cualquier Administración que pudiera reducir las prestaciones derivadas de ese Derecho Fundamental", ha explicado.
Sobre si este cambio impediría o no la privatización de la gestión que está acometiendo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ha afirmado que "eliminaría cualquier posibilidad del ejercicio privatizado de la Sanidad". "Pongamos por caso que un hospital gestionado por una entidad privada empezará a reducir segundos diagnósticos o determinadas pruebas diagnósticas previas. Eso podría acabar siendo reclamado por los ciudadanos como un derecho vulnerado frente a una Administración que no atiende ese derecho", ha señalado.
