El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha pedido al Gobierno central que proceda “con celeridad” a la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en beneficio de los ayuntamientos, de manera que el superávit de las entidades locales pueda destinarse a inversiones y no a pagar sus deudas bancarias.
Tras una reunión con el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos y los vicepresidentes de las Diputaciones de Jaén y Badajoz, Pilar Parra y Ramón Ropero, respectivamente, para analizar dicha modificación, Caraballo ha recordado que en abril el secretario de Estado de Administración Pública anunció que se podría usar una parte del superávit, modificando el artículo 32 de la Ley.
Sin embargo, según ha señalado “no se ha puesto ni una sola coma a la modificación del texto, pese a encontrarnos a mitad de año y a que hay procedimientos administrativos que no va a dar tiempo a ejecutar, con el perjuicio que ello supondría para las inversiones, que son tan necesarias en estos momentos.
En el caso de la Diputación de Huelva, la liquidación de los presupuestos de 2012 arrojan un superávit de 17 millones de euros que, una vez reformada la Ley de Estabilidad Presupuestaria, podrán destinarse a inversiones fundamentales, “como a planes de empleo, a políticas sociales y a mejorar la red de infraestructuras, que resulta básica para los proyectos mineros que se están poniendo en marcha en la provincia”.
Caraballo ha insistido en que el superávit de la Diputación “no hace nada en el banco”, en que la institución provincial “se debe a los municipios” y en que las inversiones “son sinónimo de futuro” e imprescindibles para hacer frente a la crisis e incentivar la economía.
Los representantes de las tres Diputaciones andaluzas y la extremeña han coincidido en subrayar que “frente a las entidades bancarias, son los ciudadanos más necesitados los que deberían beneficiarse de esta medida”. En este sentido, Ignacio Caraballo señala que las diputaciones y muchos ayuntamientos han cumplido, tienen sus cuentas en orden y han conseguido superávit, “por lo tanto es de justicia que de esa buena gestión se beneficien los ciudadanos y no los bancos”.
Para el presidente de la Diputación de Huelva después de más de tres décadas de democracia, los ayuntamientos tienen la “madurez suficiente” ofrecer a los ciudadanos los servicios que necesitan. Por ello, considera que el gobierno debe premiar “la racionalización y la eficiencia con la que estamos gestionando los recursos públicos y no pensar sólo en los bancos”.
En el encuentro se ha puesto de manifiesto que el superávit “no es un dinero transferido ni regalado”, sino un dinero propio de los ayuntamientos y diputaciones, generados por la buena gestión. “El gobierno debe premiar esa buena gestión y estimularnos, permitiéndonos ofrecer servicios a los ciudadanos, no a las entidades bancarias”.
