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Málaga

Juzgan en septiembre a un exedil de Fuengirola acusado de permitir que un técnico se quedara dinero

Según las conclusiones provisionales de la acusación pública, el empleado trabajaba como técnico del Área de Turismo entre 2002 y 2003

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Un jurado popular tiene previsto juzgar a partir del 23 de septiembre a un exedil de Turismo de Fuengirola (Málaga) acusado por la Fiscalía malagueña de un delito de malversación de caudales por permitir que un empleado de su área, que también será juzgado, se quedara con dinero de unos viajes. El fiscal pide cinco años de cárcel para cada uno.

   Según las conclusiones provisionales de la acusación pública, a las que ha tenido acceso Europa Press, el empleado trabajaba como técnico del Área de Turismo entre 2002 y 2003, mientras que Cristóbal J.C.C. era concejal de dicho departamento. En esa época, relata el fiscal, se organizaron tres viajes a la Ciudad Autónoma de Melilla, que en parte eran subvencionados por el Ayuntamiento.

   El trabajador "aprovechó la circunstancia de ser el encargado de cobrar las cantidades satisfechas por los usuarios" y, con "clara intención de enriquecerse patrimonialmente a costa de las arcas municipales, se apropió de dichas cantidades", en concreto, según el ministerio público, un total de 7.821 euros. Posteriormente, la agencia que organizó los viajes, pasó facturas por el precio total.

   Según la acusación fiscal, el entonces edil, que era superior inmediato del otro acusado, "tuvo conocimiento del ilícito proceder del mismo y, aunque no quede acreditado que participara directamente en la sustracción de las cantidades, sí consintió que se llevara a cabo". Así, se acusa a ambos de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

   Para cada uno, la Fiscalía solicita cinco años de prisión e inhabilitación absoluta durante 10 años. Además, se insta a que indemnicen de forma conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Fuengirola por "el quebranto patrimonial causado".

   Desde el Ayuntamiento de Fuengirola han destacado que fue la propia alcaldesa, Esperanza Oña, "quien mandó iniciar una investigación administrativa y posteriormente policial para esclarecer la posible comisión de un delito por parte de un extrabajador del Área de Turismo relacionado con la organización de viajes a Melilla".

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