La Fiscalía Anticorrupción pide 13 años de prisión para el expresidente del PP de Castellón y de la Diputación provincial, Carlos Fabra, que el próximo 2 de octubre se sentará en el banquillo de los acusados de la sección primera de la Audiencia en el juicio por el conocido como 'caso Naranjax'.
Anticorrupción acusa a Fabra de un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, por los que pide los 13 años de cárcel más una multa de 1,98 millones de euros.
El juicio, que dará comienzo el próximo miércoles 2, se prolongará durante los días 3, 4, 8, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 29 y 30 de octubre. Junto a Carlos Fabra se sentarán además en el banquillo su exmujer, Amparo Fernández; así como el empresario Vicente Vilar y su exesposa, Montserrat Vives.
La acusación acusa a Fabra de mediar para conseguir agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la empresa Naranjax dirigida por Vilar entre los años 1999 y 2002. Así, en el escrito se destaca que, en 1999, Vicente Vilar, administrador único de Naranjax S.L. y su entonces esposa, Montserrat Vives, administradora de Arcavi S.L., se pusieron en contacto con Fabra para que influyera ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de determinados productos fitosanitarios.
Según consta en el documento, Fabra medió con ambos ministerios, constando varias reuniones con responsables políticos para conseguir la licencia para la producción y comercialización del fitosanitario Abamectina (ABAC), principal producto de las empresas controladas por Vilar y Vives, que se aprobó el 18 de octubre de 1999.
"Como consecuencia del resultado de sus gestiones, el acusado Fabra requirió al acusado Vicente Vilar para que le pagara la cantidad de 25 millones de pesetas", que se le abonaron con un dinero "procedente de un anticipo abonado por una empresa cliente de Naranjax S.L.", señala el escrito.
Posteriormente, la exesposa de Fabra, Amparo Fernández, y Montserrat Vives adquirieron a medias la sociedad Artemis 2000, titular de los productos cuya distribución tenía Naranjax en exclusiva, administrada por Vilar y que "carecía de actividad y trabajadores".
Tras la constitución de esta sociedad, según el escrito, Fabra continuó en su tarea de intermediación ante autoridades políticas y administrativas en favor de las empresas de Vilar y Vives y también de la que su exesposa tenía a medias con Vives.
En abril de 2000, Fabra constituyó la sociedad Carmacas S.L. de la que era administrador único. "Esta sociedad utilizó parte de su facturación para ocultar los pagos realizados por Vicente Vilar a Carlos Fabra. Carmacas S.L. facturaba a las empresas del grupo controlado por el acusado Vilar: Naranjax S.L., Industrias Químicas Arcavi S.L. y Artemis 2000 S.L.".
Es a estas empresas donde, "so pretexto de unos genéricos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo" se facturaron 180.000 euros entre el año 2000 y 2001.
INGRESOS OCULTOS A HACIENDA
Asimismo, en el escrito se afirma que entre 1999 y 2004, Fabra y su exmujer, Amparo Fernández, "realizaron un elevado número de operaciones bancarias en las cuentas de las que eran titulares, tales como ingresos en efectivo, mediante cheque o transferencia, así como cobros en efectivo de cheques y otros pagos en efectivo que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a la Hacienda Pública".
Por todos estos motivos, se piden 13 años de cárcel para Fabra, mientras para su exesposa, Anticorrupción reclama seis años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, una multa de 860.000 euros y una indemnización de 428.644,5 euros.
Por su parte, para Vicente Vilar se solicitan cuatro años de prisión y multa de 600.000 euros, al igual que para la exmujer de este último, Montserrat Vives, ambos acusados del delito continuado de cohecho, según el escrito de acusación.
