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Huelva

Piden cuatro años de prisión para una supuesta red acusada de tráfico de hachís en Isla

Para uno de ellos además pide un año y diez meses de prisión más y una multa de 2.100 euros por otro delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud

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El Ministerio Fiscal ha solicitado en su escrito de acusación cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros para los nueve miembros de una supuesta red acusados de un delito de tráfico de drogas, tras intentar en noviembre de 2009 trasladar casi 220 kilos de hachís por la provincia onubense desde la localidad de Isla Cristina, que habrían alcanzado en el mercado un precio de 1,3 millones de euros.

   Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, para uno de ellos además pide un año y diez meses de prisión más y una multa de 2.100 euros por otro delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, al hallar en su casa tres tabletas de hachís.

   Los hechos se remontan a noviembre de 2009 cuando estas personas, puestas en común acuerdo, mantuvieron "multitud de reuniones entre sí" en un local sito en Isla Cristina con objeto de negociar y trazar un plan necesario para trasladar 218,40 kilos de hachís distribuidos en fardos por la provincia onubense, a través de la A-49 donde fueron interceptados por la Policía Nacional.

   Durante la investigación se llevaron a cabo el registro de las viviendas de tres de los acusados, en la que se encontraron varios trozos de hachís, más de 400 euros en una, más de 2.000 euros en otra y 1.600 euros en otra, dos pistolas, varios teléfonos móviles, un ordenador y un GPS, entre otros objetos, y de un gimnasio, propiedad de otro de los acusados, donde se halló un revolver, varios anabolizantes y más de 800 euros.

   El juicio está fechado para el próximo 23 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 4 y el Ministerio Fiscal ha citado a declarar varios agentes de la Policía Nacional, para que testifiquen por estos hechos.

   La Fiscalía interesa que se proceda a la destrucción de la droga intervenida, y al comiso del dinero y de parte de los efectos intervenidos, así como al comiso de un vehículo de uno de los acusados.

   La mayoría de los acusados no cuentan con antecedentes penales, excepto uno de ellos que fue condenado por delitos relacionados con la seguridad vial.

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