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Un juzgado investiga supuestas irregularidades del ex alcalde de Chipiona

Manuel García (PSOE) prestó ayer declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz junto a otros dos ex ediles y técnicos municipales

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El juzgado de instrucción número 2 de Sanlúcar está investigando la gestión urbanística llevada a cabo en la localidad de Chipiona entre los años 2009 y 2010, fecha en la que el anterior equipo de Gobierno municipal, liderado por el socialista Manuel García, aprobaron en el Pleno la creación de un espacio provisional para albergar el Mercado de Abastos mientras se construía un nuevo recinto.

Por ese motivo y según fuentes cercanas a la investigación, el ex alcalde de Chipiona y los ex ediles de Obras y Urbanismo, José Antonio Sotomayor y José Moreno, prestaron ayer declaración en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz en calidad de imputados para responder sobre las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en este asunto. La investigación parte de una denuncia y señala dos supuestos delitos, de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio, que habrían cometido los entonces máximos responsables del Consistorio chipionero en materia urbanística. El documento aprobado por el ex alcalde en Pleno hacía mención a la instalación “provisional” de una “carpa” para albergar a los placeros.  El ex alcalde tramitó durante su mandato una modificación puntual del PGOU para dar cobertura al Mercado, ya que la zona instalada no estaba catalogada en el plan urbanístico del municipio como equipamiento y el acuerdo plenario recogía, o bien la modificación del plan o la demolición del edificio cuando pasaran dos años. El juzgado investiga si lo que se creó con carácter provisional se le ha dado a posteriori una cobertura legal. De hecho, el actual equipo de Gobierno del PP aprobó hace escasas fechas esa modificación del PGOU que da cobertura a esta instalación.

Junto a los tres políticos han sido llamados a declarar también un técnico y el arquitecto municipal del Consistorio. Todos ellos fueron requeridos por la Guardia Civil dentro de las diligencias abiertas por el juzgado encargado del caso. La imputación tendrá que ser formalizada por el magistrado, si bien durante las comparecencias los detenidos quedaron informados de su imputación acusados de un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Con todo, el ex alcalde socialista se puso ayer en contacto con este medio para informar sobre su declaración, negando en cualquier caso que se le haya comunicado imputación alguna. Es más, García señaló que en su declaración ante los responsables de la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil de Cádiz “la información facilitada fue muy concluyente, ya que el proyecto estaba encima de la mesa cuando se votó el acuerdo y contaba con tres informes técnicos favorables”. “Nunca hubiera firmado nada en contra de la legalidad”, añadió el socialista en declaraciones a este medio.

A finales de 2012 el juzgado ya requirió información al Ayuntamiento de Chipiona relativa a la construcción del Mercado de Abastos provisional y la documentación en la que basaba la realización del proyecto, construido en una zona verde.

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