Aqualia asumió la gestión del ciclo integral del agua en Jerez hace ahora unos ocho meses. Durante este tiempo ha ido acumulando recibos de impagados hasta que el índice de morosidad ha provocado la ejecución de los primeros cortes de suministro. Han tenido lugar esta semana y han afectado a unos 200 abonados, un 0,22% del total de clientes con que cuenta Aquajerez en la ciudad -unos 90.000 en estos momentos-.
Sin embargo, el hecho de que todos los cortes se hayan llevado a cabo en una misma semana ha desatado cierto estado de alarma que en el día de ayer desembocó en el ámbito de la política, con críticas procedentes desde PSOE e Izquierda Unida, y las primeras reacciones del propio Gobierno local. Con respecto a estas últimas, la alcaldesa, María José García Pelayo, anticipó dos medidas inmediatas: una reunión con la concesionaria para que a partir de ahora se le notifiquen con antelación los cortes previstos en el suministro por impagos y una reclamación a la Junta de Andalucía para que modifique el reglamento sancionador, poco acorde con “una situación de crisis como ésta”, al habilitar a cualquier concesionaria a actuar contra sus morosos desde 15 días después de la notificación del impago.
Lo que pretende el Ayuntamiento es incluir dentro del régimen de bonificaciones del suministro del agua a aquellos usuarios con dificultades especiales que no se hayan acogido hasta ahora a estas ayudas, de manera que no se vean afectados si no pueden hacer frente al pago del recibo. El dato es más que revelador: en la actualidad hay 7.183 contratos de suministro en los que se dan dificultades de cobro; sin embargo, el Ayuntamiento sólo recibió el pasado año 1.700 solicitudes de ayuda para hacer frente al pago del agua, “por lo que creemos que se trata de un problema de desinformación importantísimo”, exponía ayer la alcaldesa, quien reconocía que “hay que hacer una campaña de información más potente para dar a conocer a la población las posibilidades de bonificación del 95 por ciento del recibo agua por parte del Ayuntamiento a las personas que no pueden hacer frente al pago y tienen un nivel de renta determinado”.
Con respecto al proceso sancionador que establece el reglamento en vigor por parte de la Junta de Andalucía, García Pelayo defendió ayer la gestión de Aquajerez, desde el momento en que la empresa concesionaria ha abierto procedimiento en condiciones “más favorables” que las que recoge la Junta, a la que ha criticado por “la rigidez” de esta normativa. La alcaldesa resaltó que el procedimiento de Aquajerez entre que se produce el impago y se corta el agua "se extiende entre 90 y 100 días, mientras que la normativa de la Junta recoge que se puede cortar el suministro 15 días después de que se produzca el impago, e incluso romper el contrato si se encadenan tres meses de impago, lo que me parece un disparate”, y ha pedido a la Junta que “en situaciones de crisis como esta abra la mano para facilitar que los plazos de para tomar medidas ante los impagos sean más amplios”.
Por otro lado, la regidora jerezana también matizó que “los cortes de agua se vienen produciendo durante muchos años en nuestra población por parte de la empresa pública de aguas, que realizaba cortes de agua todos los días y permanentemente una vez se realizaba el impago”, destacando que, en esta ocasión, “Aquajerez ha cortado el suministro de aguas por primera vez después de ocho meses gestionándolo”. No obstante, desveló que la concesionaría iba a atender desde ayer mismo a las familias a las que se ha cortado el suministro para intentar solucionar la situación.
El objetivo, a su vez, es que la empresa “vaya detallando” al Consistorio “aquellos contratos que están en situación de impago, para que nos podamos dirigir a ellos e informarles de las bonificaciones que existen para hacer frente al pago del recibo del agua”.
Antonio Gavira, gerente de Aquajerez, explicaba ayer a este periódico que la concesionaria no ha hecho más que “cumplir con el reglamento”, una vez que los índices de morosidad habían llegado a un nivel considerable, y después de que se haya aguantado la situación más tiempo de los permitido por el citado reglamento. En este sentido, especificaba que los cortes realizados han sido a abonados que no habían hecho frente al pago de ninguno de los recibos durante un mínimo de dos meses, y en buena parte de los casos hasta durante cuatro meses. Asimismo, matizaba que no tiene por qué tratarse de 200 familias, como se ha subrayado desde algunos foros, puesto que en algunos casos son suministros de locales comerciales, naves o empresas, incluso sin actividad comercial en este momento.
Gavira reconocía asimismo que durante este tiempo se han mandado dos cartas de notificación a los abonados afectados. En la primera se le comunicaba que no había abonado la factura. Un mes más tarde, si proseguía la situación, se le remitía una segunda carta certificada en la que se le daban 15 días de plazo para hacer frente a la deuda. Una vez transcurrido este nuevo periodo, la concesionaria quedaba libre para actuar conforme a la ley, que es lo que ha hecho esta semana.
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, presente ayer en Jerez, se hizo eco de la polémica e hizo una llamada a la reflexión a Aqualia, argumentando que no creía que “dejando sin agua a 200 familias, la empresa vaya a estabilizar sus cuentas de resultados”, y calificó de “desahucio en el terreno del agua” la medida adoptada. La Coordinadora por la Defensa del Agua, por su parte, convocó una concentración en La Barca para protestar contra los mismos cortes de agua.
