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Sevilla

Cartuja seguirá de azul

El delegado de Movilidad vincula la entrada en vigor de la zona azul con la apertura de todas las plazas de la Junta

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  • Parking Cartuja -

La decisión de la Junta de Andalucía de abrir paulatinamente las cuatro bolsas de aparcamientos que posee en la Cartuja ni el estudio que ha anunciado sobre movilidad sostenibler han hecho desistir al Ayuntamiento de Sevilla de su intención de instaurar la zona azul en el parque tecnológico, a pesar de que estudiantes y trabajadores ya han recogido 3.000 firmas pidiendo que se replantee esta medida

Era el propio delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno, quien anunciaba que esa zona azul, que supondrá la instalación de unas 200 plazas de aparcamiento de pago, se pondrá en marcha una vez que la Junta de Andalucía habilite los aparcamientos en los que existen unas 3.000 plazas.
A tenor de sus declaraciones, la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento no se plantea la retirada de esta medida, a pesar de que la Junta prevé que la apertura de estas bolsas de aparcamiento vaya parejo a un estudio de movilidad en el que se estudien los problemas, ya endémicos, que padece esta zona. Si la Junta quiere bonificar a los vehículos que lleven a tres personas o más, además de a aquellas empresas que tengan su propio plan de movilidad, el Ayuntamiento cobrará, por su lado, por el estacionamiento en las zonas con mayor movimiento, hasta alcanzar las 200 plazas.

El anuncio lo realizaba durante el debate de una moción del PP en la que se pedía a la Junta la puesta inmediata de los aparcamientos de la Junta y en la que se ha debatido hasta si añadir “sigan abriendo” después de que Fomento se haya adelantado a los populares y haya comenzado su apertura. PP y PSOE lo han apoyado pero IU se ha abstenido, ya que sólo se ha admitido incorporar a la moción que se consensúe un plan de movilidad, algo que ni las administraciones competentes (Junta y Ayuntamiento) y los afectados, representados por las propias empresas del parque y la sociedad que lo gestiona, han conseguido materializar a pesar de que en Cartuja trabajan 13.000 personas, alcanzando las 25.000 con los estudiantes y los clientes o visitantes de negocios e instituciones.

Unos sí, los otros no
En el debate, Bueno pidió que la apertura fuera “inmediata” y no paulatina para “dar soluciones a las 25.000 personas que acuden a diario a la Cartuja”, y además pidió un plan de movilidad sostenible, criticando el cierre de unos aparcamientos que son “de acceso libre desde 1992”.
Sí que afirmaba que el Ayuntamiento cumplía con las nuevas señalizaciones, el cambio de aparcamientos de cordón a batería o “apostando” por el Cercanías o el transporte público con Tussam.  Para Bueno, es el gobierno andaluz el que “ha provocado esta situación de desamparo porque una vez más no sólo no soluciona, sino que se dedica a entorpecer al cerrar los aparcamientos. Apostamos por la mano tendida y no se puede hacer cerrando de manu militari y ahora abriendo de forma paulatina, sino que habría que irlo organizando de la mano del Ayuntamiento”, decía.

Por los hechos y sin debate
Le contestaba la concejal socialista Susana López preguntándose si de verdad el Ayuntamiento está “de acuerdo realmente” con la reapertura de esas 3.000 plazas cuando, por los hechos y sin debate, se impone la zona azul a pesar de las firmas en contra de la medida.
López se remontaba al litigio entre la entidad de conservación del parque y la antigua EPSA, en la que se le daba la razón a la actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, ex EPSA), un ligitio que nunca ha terminado por solucionar los problemas de movilidad.
Por su parte, el nuevo portavoz de IU, José Manuel García, criticaba, como también lo hizo la socialista, el “oportunismo” de una moción que ni siquiera se había querido actualizar tras los últimos pasos dados por la Junta, lo que interpretó como “confrontación pura y dura”. “No sé si es el mejor modo de entender la lealtad con otras adminsitraciones públicas”, decía García para criticar que el Consistorio achaque a la Junta “todos los males de la ciudad y de los problemas de la movilidad de la Cartuja, como si el Ayuntamiento no tuviera nada que ver”.

“Uno por otro, la casa sin barrer”. “¿Tan difícil es asumir que las competencias de movilidad son del Ayuntamiento y que no se puede mantener permanentemente una actitud de confrontación y mandar después cartitas para pedir ayuda?”, se pregunta el recién estrenado portavoz de IU.

Las escuelas taller y la reforma local

El Pleno vivió ayer también la protesta de varios de los monitores afectados por la paralización de tres escuelas taller promovidas por el Ayuntamiento y cofinanciadas por la Junta, puesto que la contratación de los 18 monitores está afectada por la entrada en vigor de la reforma local, además de por el plan de ajuste, motivo por el que el interventor municipal ha puesto reparos.

Según el delegado de Empleo, Gregorio Serrano, el “reparo de la Intervención paraliza el expediente de contratación. Hay que rehacer el expediente y ponerlo en marcha en el menor tiempo posible, por lo que hemos pedido a la Junta que amplíe el plazo estipulado para el comienzo de las escuelas taller”. El sueldo de los monitores no sólo se podría ver reducido a la aportación autonómica, sino que tendrán que salir a pública concurrencia.

No a la moción del aborto entre gritos

El Pleno ha tumbado en una votación secreta -19 en contra, 13 a favor y uno nulo- la moción planteada por el PSOE contra el anteproyecto de ley del aborto y ante los gritos de miembros del Consejo Municipal de la Mujer, que fueron desalojados.

Retiran la denuncia de Nuevo Amate

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha anunciado en el Pleno que el Ayuntamiento (Emvisesa) ha retirado finalmente la denuncia contra las familias que ocuparon las viviendas en Nuevo Amate y que se enfrentaban a una denuncia penal.

Ni tribunal ni rescate del peaje

El Pleno ha rechazado la propuesta socialista de crear un tribunal de transparencia, así como las mociones planteadas por IU para solicitar al Estado el rescate de la AP-4 y a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un impuesto de grandes superficies.

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