“Estoy convencido de que detrás de la denuncia del Ayuntamiento de Jaén van más ayuntamientos”, aseguraba el pasado mes de noviembre el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya. Dos meses después de dejar de prestar el servicio de la ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia tras la denuncia del convenio con la Junta de Andalucía, ni un solo ayuntamiento ha secundado la medida del alcalde. Además, ayer, cuando se cumplían los dos meses, Fernández de Moya, junto al concejal de Hacienda, Miguel Contreras, y la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, acudían a la Delegación de la Junta de Andalucía para presentar una nueva propuesta de convenio.
Según explicó Miguel Contreras, el Ayuntamiento crearía una cuenta restringida para que la Junta de Andalucía ingresara los pagos de la Dependencia que corresponde prestar al Ayuntamiento por Ley. Además, exige a la Adminsitración autonómica que los efectúe en el plazo establecido, que son cada dos meses, y que de lo contrario, se aplicaría el devengo de intereses de demora desde la jornada siguiente, según recoge Europa Press.
Tras reiterar en repetidas ocasiones que la competencia de la Dependencia es exclusiva de la Junta de Andalucía y que el motivo por el que el Ayuntamiento denunció el convenio era porque no pagaban, dos meses después, con 429 enfermos afectados y 200 trabajadoras pendientes de su empleo, el alcalde propone otro convenio a la Junta, antes de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Jaén se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por la Junta de Andalucía, que podrían obligar al Ayuntamiento a seguir prestando el servicio de ayuda a domicilio mientras se produce una sentencia firme. El concejal de Hacienda, Miguel Contreras, desmintió la información publicada por este periódico ayer y, según recoge Europa Press, dijo que en ningún momento la justicia “ha resuelto que el Ayuntamiento tenga la obligación de prestar el servicio”, hasta el momento.
Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Purificación Gálvez, pidió tiempo para pronunciarse sobre la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Jaén. No obstante, lamentó que se hubiera presentado "sin diálogo previo" con la Junta y aseguró que ya se le ha dado traslado a la Consejeria de Igualdad y Bienestar Social.
UGT lamenta el "silencio sepulcral" de la Junta
| El secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la provincia de Jaén, Miguel Ángel Cazalilla, ha calificado de "órdago a la desesperada" la propuesta registrada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital, dirigido por José Enrique Fernández de Moya (PP), para la prestación del servicio de Dependencia, que, a su juicio, viene determinada por "pronunciamientos jurisdiccionales", a la vez que ha criticado el "silencio sepulcral" de la Junta en relación a esta cuestión.
En ese sentido, Cazalilla ha manifestado a Europa Press que "ya es hora de que alguien de la Junta con capacidad de decisión diga algo" sobre este asunto. "Como mínimo, si no es la consejera de Salud, que sea el gerente de la Agencia Andaluza para la Dependencia, ya que desde la Delegación en Jaén no se comenta nada", ha apuntado.
En relación a la propuesta municipal, que pasa, entre otras cuestiones, por proponer a la Junta de Andalucía que abone el pago de la prestación en 60 días y, si no cumple, incremente dicha cantidad con los intereses de demora derivados desde el día siguiente al fin del plazo, el representante de UGT ha indicado que "aplaudiría" dicha propuesta "si el Ayuntamiento no adeudase más de 1,5 millones de euros a Multiservicios Jabalcuz", la empresa concesionaria de la ayuda a domicilio en la capital. En ese sentido, Cazalilla, aunque ha valorado que el gobierno local haya planteado un nuevo acuerdo a la Junta, ha opinado que el Ayuntamiento incluye en su propuesta condiciones para el Gobierno andaluz a la hora de realizar los pagos que "no cumple" con la citada empresa, en concreto, la de pagar en 60 días, como, a su juicio, se demuestra por la deuda contraída con Multiservicios, lo que ha tachado de "surrealista".
