En el documento en el que la empresa de hospitales Jose Manuel Pascual Pascual,SA, expone sus demandas y peticiones al Servicio Andaluz de Salud de cara a la actual negociación que mantiene con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para la renovación de los convenios de concierto que mantiene el propio SAS con seis de sus centros sanitarios privados, se desvelan muchos aspectos de la negociación en los que queda claro que la prioridad de la empresa no se centra en el empleo y el mantenimiento de este. El objetivo de la empresa no es otro que afianzar su expansión en Andalucía, y por ende, en Cádiz y su provincia.
Sobre la mesa de la negociación, la situación de los trabajadores y el mantenimiento de los empleos, no aparece. La empresa Pascual acepta una rebaja en los conciertos de tres centros, San Rafael en Cádiz, Blanca Paloma de Huelva y Dr. Pascual de Málaga, para los que acepta un descenso de cuatro millones de euros fijo en los cuatro próximos años, e incluso estaría dispuesta al “desistimiento” de los contenciosos interpuestos contra la Junta, en los que reclama 127 millones de euros, a cambio de que el Gobierno andaluz le diera la “adjudicación directa” de dos hospitales en construcción, entre ellos el Chare de Vejer, que junto al Hospital de Lepe, en esos cuatro años le haría pasar de facturar al SAS 98.977.721 de euros este 2014 a facturar en el año 2017 146.985.419 euros, nada más y nada menos que 48 millones de euros más.
No solo no deben peligrar los empleos, dado el volumen de negocio, no solo no hay amenazas sobre el posible cierre de centros sanitarios por culpa de la merma que la plantea el SAS, de un 5 por ciento, Pascual lo que busca en la negociación es ampliar su influencia en el ámbito sanitario andaluz, sobre todo en la provincia de Cádiz, donde pasaría a tener 5 centros hospitalarios concertados y facturaría en 2017 cerca de 50 millones de euros más, que se pagaría del erario público, claro está.
Además, Pascual se compromete a que “a partir de un supuesto de suscripción inmediata de los nuevos conciertos y de la fecha de 1 de Noviembre de 2014 como fecha de apertura de los Hospitales de Cártama y Vejer”. La empresa ha pedido que ambos centros fueran enajenados a su favor y que, tras una “adjudicación directa”, la empresa se haría cargo de la terminación de las obras y de su equipamiento para su posterior puesta en “funcionamiento progresivo” en un plazo de siete meses desde la entrega.
En este sentido, la empresa establece una variación del coste de sus conciertos actuales en los hospitales de Sanlúcar, Villamartín y El Puerto de Santa María desde los casi 70 millones de euros actuales a los 66 para el año 2014 y, a partir de ahí un incremento paulatino hasta rebasar los 75 millones de euros en el 2017. Para los hospitales de San Rafael en Cádiz, Blanca Paloma de Huelva y Dr. Pascual de Málaga ofrece un descenso de cuatro millones de euros que se mantiene estable en los cuatro próximos años.
Pero para ese año, 2017, la empresa ingresaría solo por el Hospital de La Janda en Vejer, 6.466.177 euros más 9.254.012 euros del de Cártama, y 24.263.862 procedentes del Hospital de Lepe, en el que la empresa y la Consejería constituirían una “mesa de trabajo para definir las iniciativas sociales y sanitarias que se desarrollarían en el Centro Público de Lepe una vez finalizadas las correspondientes obras” encaminadas fundamentalmente a la “desintoxicación de drogodependientes” y “atención a los pacientes psiquiátricos en fase aguda”. En 2017 además ingresaría por los centros de Villamartín, El Puerto de Santa María y Sanlúcar, 75.791.000 euros por los 66.167.355 que facturará este 2014.
Sobre los trabajadores, el empleo y posibles mejoras en sus condiciones laborales, el documento no dice ni una palabra, más allá de reconocerse a sí misma “un activo económico, social y sanitario de Andalucía que debe encuadrarse como un bien empresarial idóneo para atender a la convocatoria de suma que necesita a la comunidad andaluza en estos momentos de crisis. Su capacidad para afrontar nuevos retos asistenciales, llevar a cabo las inversiones precisas, general tasas significativas de empleo, reajustar con agilidad su propia organización a las necesidades de cada momento y mantener un plano estable de colaboración y cooperación con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, está fuera de toda duda, del mismo modo que lo está el tremendo daño que ocasionaría a Andalucía la destrucción de cuanto representa, hace y pueda hacer”.
Ahora las cartas están sobre la mesa, y la Junta de Andalucía ha reaccionado diciendo que se “confirma no es un conflicto laboral, ya que la oferta nada tiene que ver con los trabajadores y sí con la intención de la empresa de expandirse empresarialmente, una intención legítima pero que la Junta no comparte”. También viene a confirmar los motivos por los que los comités de empresa no acudieron el miércoles a la reunión con el SAS, que les llevaba una propuesta del 5 por ciento de merma con una prórroga del concierto de dos años, 23 meses más uno, el actual. Propuesta que era acorde con las demandas de los trabajadores, alejada del 17 por ciento que se había rumoreado.
Contencioso contra la Junta
Otro de los puntos más controvertidos de la propuesta de la empresa Pascual es que “una vez llevada a cabo la resolución de los procedimientos de enajenación y arrendamiento (de los centros de Cártama y Vejer), la empresa se desistiría de los contenciosos administrativos interpuestos contra la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales por las liquidaciones de los conciertos suscritos el 31 de noviembre de 2007 y de 31 de noviembre de 2011, por valor de 81.490.003,22 euros, y 45.604.617,67 euros, más los interese legales, así como por la modificación unilateral del Concierto suscrito el 31 de noviembre de 2011, por valor de 2.323.600 euros”.
Claro que también solicita que la enajenación, arendamiento y adjudicación de los centros de Vejer y Cártama se haga por el “procedimiento de adjudicación directa del Artículo 137, 4. c) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas”, es decir, no que se saque la adjudicación a concurso público. Algo que compromete de por sí a la Junta de Andalucía y que seguro que a posibles empresas interesadas en ambos centros no les haría ninguna gracia no poder participar en una hipotética subasta.
Tras las correspondientes autorizaciones administrativas, de la que también se haría cargo la empresa privada, ambos centros, según Pascual, funcionarían a pleno rendimiento en modalidad de concierto a principios del 2017.
En este aspecto, la empresa “llevaría a cabo por su cuenta la completa finalización de las obras y las instalaciones necesarias en los Hospitales del Guadalhorce en Cártama y de la Janda en Vejer para su correcto funcionamiento como centro concertado de alta resolución, dotándolo de los equipos y dispositivos precisos para tal fin”.
Igualmente “llevaría a cabo la tramitación de las correspondientes autorizaciones administrativas de funcionamiento de los Centros y de los respectivos de Homologación trámites de los mismos. A tal fin fijaría las plantillas de profesionales y trabajadores de los Hospitales a partir de las previsiones de progresiva puesta en funcionamiento de los Centros y de la redistribución de servicios interhospitalarios que se fija en la presente propuesta”.
Además, la empresa estaría dispuesta a instaurar un programa de “innovación tecnológica, formación y calidad” para instaurar los procedimientos de Cita Previa e Historia Clínica en los centros concertados, implementar un nuevo programa para la atención a “pacientes agudos y convalecientes” en el Hospital Virgen de las Montañas de Villamartín y llevaría a cabo “cuanto sea preciso” para la obtención de un sello de calidad para los centros de Lepe, Vejer y Cártama.
La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, ya dejó clara días atrás la postura de la Junta de Andalucía, quien apuntó que esta propuesta era “inadmisible” porque la administración “en ningún momento se ha planteado la privatización” de estos dos centros.
La postura de la Junta
El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, se refirió a este tema diciendo que la oferta que la empresa José Manuel Pascual Pascual ha hecho a la Junta, “confirma” que el conflicto sobre el concierto sanitario “no es un conflicto laboral, ya que la oferta nada tiene que ver con los trabajadores y sí con la intención de la empresa de expandirse empresarialmente, una intención legítima pero que la Junta no comparte”.
En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en Conil de la Frontera el Recinto de Interés Histórico y Cultural ‘La Chanca’ y que recoge Europa Press, Jiménez Barrios ha afirmado que el Gobierno andaluz “nunca ha pretendido, ni pretende, ni pretenderá cerrar ningún hospital”.
Para el consejero de la Presidencia la oferta de José Manuel Pascual Pascual “viene a ratificar que no está en peligro ningún puesto de trabajo y que no está en juego el cierre de ningún hospital, sino que hay unas aspiraciones empresariales de expandirse y hacer negocio”.
“No estamos ante una situación tan grave para los trabajadores como afirmaba la empresa”, ha aseverado, al tiempo que ha incidido en que “quienes han provocado este conflicto de esta naturaleza debe ahogarlo, porque la Junta tiene la vocación de llegar a un acuerdo”.
Asimismo, Jiménez Barrios ha indicado que no entiende como responsable público que se suspendiera la reunión prevista entre trabajadores de Pascual y representantes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) “en la que la Junta iba a trasladar a los trabajadores la oferta que había presentado a la empresa”.
Jiménez Barrios se ha referido a las manifestaciones de trabajadores de José Manuel Pascual Pascual “alentadas” por ayuntamientos de la provincia. Al respecto, Jiménez Barrios ha dicho que “el poder político que tiene el PP en la Bahía de Cádiz debería ponerse al servicio del trabajo y esfuerzo para la creación de empleo, y eso de sacar a la gente a la calle deberían hacerlo también para presionar al Gobierno y conseguir carga de trabajo para los astilleros”.
El consejero ha reiterado que lo que ha planteado la administración autonómica con respecto a los centros que el SAS tiene concertados con la empresa Pascual SA, es un “recorte pequeño”, cifrado en un 5 por ciento, por un periodo de tiempo concreto, que podría alargarse hasta los dos años.
