El debate sobre la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) marca el decimosexto aniversario del accidente acaecido el 25 de abril de 1998, cuando la rotura de la balsa de residuos de estas instalaciones causó el mayor desastre ecológico conocido en Andalucía.
El vertido de seis hectómetros cúbicos de lodos piríticos y aguas ácidas conformó una riada de tres metros de altura que arrasó 4.386 hectáreas a lo largo de 62 kilómetros de cauce de los ríos Agrio y Guadiamar, principal afluente de Doñana, con un impacto contaminante cien veces superior al del petrolero "Prestige" (63.000 toneladas de fuel), según un estudio del CSIC.
Aunque los análisis realizados tras el accidente y hasta hace unos años han confirmado la mejoría ambiental de la zona, los científicos recuerdan que esta contaminación por metales pesados durará décadas.
La descontaminación de estos cauces y su posterior regeneración como pasillo ecológico -El Corredor Verde del Guadiamar, declarado Paisaje Protegido y adscrito a la Red de Espacios Protegidos de Andalucía en abril de 2003- requirió una inversión de las administraciones central y autonómica de cientos de millones de euros.
Los intentos por reclamar parte de este desembolso a la multinacional Boliden-Apirsa, propietaria de la mina, originaron un arduo litigio judicial saldado hasta ahora con derrotas de las administraciones y con la recomendación de mayo de 2012 del Supremo a la Junta de que reinicie el contencioso por la vía penal.
La crisis y el alza del precio de los metales metálicos han influido en que el Gobierno andaluz considere prioritaria la reapertura de esta mina frente a las advertencias de científicos y conservacionistas del peligro que supone al estar ubicada, aguas arriba, a escasos kilómetros de Doñana, uno de los principales espacios protegidos europeos, declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera.
Estos colectivos cuestionan que se pretenda reabrir la mina tras la costosa regeneración de la zona, que incluyó la expropiación de miles de hectáreas del actual corredor ecológico, y que ahora, en su opinión, volvería a estar amenazado.
Pero el Parlamento y el Gobierno andaluces, con el apoyo de los partidos parlamentarios y de los sindicatos, apoyan esta reapertura, convocada mediante un concurso internacional de la Junta que originó un conflicto de competencias entre las administraciones central y andaluza, finalmente resuelto por un procedimiento de urgencia y a la que se han presentado tres empresas.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, defiende esta reapertura para "poner todos los recursos activos al servicio del desarrollo y la creación de empleo" y opina que la minería es un sector "activo, enraizado en la cultura andaluza y que goza de unas perspectivas de futuro excelente".
La Junta sostiene que esta mina, abandonada hace tres lustros y que ocupa casi 950 hectáreas, acumula unos 35 millones de toneladas constatadas de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y otros 45 millones de toneladas probables.
Juan José Fernández, extrabajador de la mina y dirigente de CCOO, ha asegurado a Efe que su reapertura generará 800 empleos directos en extracción y transformación del mineral, y ha rebatido la existencia de amenazas ambientales porque, en su opinión, las nuevas tecnologías mineras permitirán que la explotación sea subterránea, lo que elimina los lodos contaminados y reduce el consumo de agua.
Portavoces de Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF consultados por EFE sostienen que reabrir la mina supone "un riesgo inasumible" para Doñana además de "la ruina" del costosísimo Corredor Verde del Guadiamar, declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y promocionado por la Junta como ejemplo mundial de restauración medioambiental.
En su opinión, la "urgencia" con la que se pretende reabrir la mina "debilita" la exigencia de los más mínimos requisitos ambientales, entre los que destacan la falta de agua para la actividad minera, pues los caudales existentes están comprometidos para plantas termosolares y para regadíos de Doñana.
El futuro de la corta de Aznalcóllar, prácticamente colmatada tras recibir más de 30 hectómetros cúbicos de residuos mineros y de tierras contaminadas por la riada tóxica es otra de las incógnitas para el futuro de esta zona.
