La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias informativas para analizar la legalidad del convenio colectivo de trabajo para el sector de la limpieza pública viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación del alcantarillado de Granada, cuya rúbrica fue supuestamente auspiciada por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de los ERE irregulares.
La apertura de la investigación se ha producido tras la denuncia presentada por la empresa Limpieza Pública de la Costa Tropical (Limdeco), representada por los letrados Francisco Javier Moral García-Triviño y Juan Luis Aguilera Castilla, del despacho V.A.M. Abogados.
Según informa el bufete en un comunicado, la razón de la firma por las partes negociadoras fue la "ilícita y presuntamente delictiva" de Guerrero, "que obligó a la administración pública que representaba a hacerse cargo del pago de los perjuicios económicos que la adopción del convenio depararía a algunas de las empresas que se verían afectadas por él, malversando presuntamente cantidades pertenecientes al erario público en beneficio de algunos de los que habían participado en su negociación y perjudicando al resto de empresas que quedarían sometidas a su ámbito de aplicación".
Ese trato desfavorable hacia unas empresas ocasionó un "gravísimo perjuicio económico a las mismas", pues, por ejemplo, en el caso concreto de Limdeco, los trabajadores han planteado más de cien demandas de reclamación de cantidad solicitando las diferencias salariales que se generan por la aplicación del convenio colectivo provincial frente al convenio colectivo de empresa, estimándose en más de nueve millones de euros el total reclamado.
Actualmente esas mas de cien demandas se tramitan en el Juzgado de lo Social 1 de Motril, pero se ha acordado la suspensión de los actos de juicio por el planteamiento de la denuncia ante la Fiscalía por parte de Limdeco.
