El propietario de la vaquería declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desde julio de 2009, ubicada en la localidad cordobesa de Fuente Palmera, ya ha presentado el proyecto para la construcción de una nueva instalación, después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) pidió que se subsanaran una serie de "deficiencias" respecto a la documentación presentada.
Así lo ha destacado a Europa Press el vecino del municipio afectado por la vaquería, Francisco Adame, a la espera de su cierre definitivo o traslado a otra zona del pueblo, que ya estaba aprobado desde 2012, al tiempo que explica que en estos momentos todo está "pendiente" de que la CHG le dé "el visto bueno" a dicho proyecto, de manera que una vez que tenga dicha autorización "se le dará el permiso de construcción" por parte del Ayuntamiento colono.
Posteriormente, cuando el propietario de la explotación tenga el correspondiente permiso de construcción tendrá un plazo de unos tres meses para ejecutar la obra, que en este caso confía en que se lleve a cabo, aunque antes espera que "se agilice" toda la tramitación por parte de la CHG.
Al respecto, el organismo de cuenca pidió en el mes de abril la subsanación de distintos aspectos en el proyecto inicial en base a lo expuesto en una reunión mantenida en noviembre de 2013 entre el Ayuntamiento, la CHG y el dueño de la parcela, como la disponibilidad de recursos hídricos, de modo que el Consistorio certifique que "no se produce un aumento en la demanda" de dichos recursos al ocupar unos nuevos terrenos.
Igualmente, la CHG aludió al saneamiento y depuración mediante fosa séptica, para lo cual se debe solicitar la autorización de vertido, con la documentación correspondiente, y sobre la afección a las aguas pluviales, las mismas "no se entregarán" al arroyo del Horcajo, entre otros puntos que solicitaba la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Mientras, Francisco Adame, quien mantiene su "lucha" desde el año 1992, ha manifestado recientemente que el convenio firmado entre el Consistorio y el propietario para el cese de la actividad ganadera "se incumple" en el sentido de que lo firmaron "con el fin de dar cumplimiento al cese de la actividad que ejerce sin licencia", de manera que "dejan en suspenso las multas que le imponía el Ayuntamiento por no cumplir con la orden de suspensión de la actividad ganadera que explotaba sin licencia y se le permite de forma provisional seguir con la actividad hasta el traslado".
A tal efecto, para el traslado de la explotación, se le daba un plazo de tres meses desde que el Consistorio resolviera concederle la licencia administrativa para la construcción de las nuevas instalaciones, y como fecha límite de la resolución el 30 de junio de 2011.
Asimismo, subrayó que "se incumple" en la estipulación en la que se dice que "transcurrido el tiempo establecido hasta el 30 de junio de 2011 o los tres meses a partir de la resolución que otorgue licencia de construcción de nuevas instalaciones sin que cese la actividad o se realice el traslado, el Ayuntamiento queda autorizado automáticamente para acceder a las instalaciones y ejecutar de forma subsidiaria la orden de cese de la actividad, incluso sacrificio de animales, sin necesidad de solicitar autorización judicial de entrada".
De este modo, Francisco Adame defiende que se debe aplicar dicha estipulación, después de que el plazo para la ejecución de las obras de las nuevas instalaciones de la vaquería ubicada en terrenos próximos a la localidad y cerca de la aldea de La Ventilla concluyera en abril del año pasado, sin que el vaquero abandonara las actuales instalaciones, calificadas y sentenciadas de manera firme como "ilegales" por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
PROTESTAS DESDE 1992
En su protesta por el incumplimiento del vaquero y la administración de la sentencia del TSJA de 2009, Adame se ha manifestado ante las puertas de la Fiscalía cordobesa y se ha encerrado en el Consistorio de Fuente Palmera en varias ocasiones, además de realizar otros actos.
Desde el verano de 1992, relata que ha tenido que soportar junto a su familia "los daños y perjuicios que suponen tener una explotación ganadera ilegal" junto a su vivienda, situación que "ha sido tolerada por el Ayuntamiento", convirtiéndose de ese modo en "corresponsable".
