La vista oral prevista para este viernes en la que el exalcalde de Partaloa (Almería) y actual concejal del PSOE, Federico Molina, se enfrentaba a penas de nueve años de prisión y otros nueve años de inhabilitación especial por autorizar y favorecer presuntamente la construcción en 2006 de 13 viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable ha quedado finalmente suspendida debido a que el procedimiento no había sido notificado a una de las partes acusadas.
La juez del Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha decidido suspender el juicio después de que, en el transcurso de las cuestiones previas, las defensas indicaran que el procedimiento no había sido notificado procesalmente a la mercantil Lakes Vega S.L., sociedad que promovió la construcción de 13 viviendas unifamiliares en la parcela número 23 del polígono número "en suelo calificado como no urbanizable", según recoge la Fiscalía en su escrito de calificación.
Según ha explicado a los medios el abogado defensor del representante de la mercantil Francisco Javier F.D.P.L., el letrado Vicente Fernández, ya en 2010 "se advirtió" al juzgado instructor de que la empresa no había sido citada en la causa aunque "la han tenido por citada erróneamente a través de un procurador que nunca se personó" en nombre de la sociedad mercantil, sino que actuaba en nombre del apoderado de la misma.
La jornada también ha permitido contemplar la personación de un matrimonio afectado por la compra de una de las viviendas, el cual había quedado excluido del procedimiento y a los que la juez ha concedido un plazo de cinco días para presentar su escrito, según ha indicado a Europa Press el abogado defensor de la pareja Ignacio Pellicer, del despacho Davies Solicitors.
En este sentido, el letrado a indicado que va a solicitar el archivo de las actuaciones al no apreciar delito alguno, si bien pedirá de manera subsidiaria, en caso de que se estime la acusación, una indemnización en concepto de responsabilidad civil a tenor del valor de la vivienda más los daños morales que se puedan ocasionar ante un posible derribo de la misma, puesto que sus defendidos actuaron como "compradores de buena fé". En este sentido, interesará la participación en la causa de otros compradores afectados en caso de que no se les haya notificado.
MANTENER A LA GENTE "EN EL PUEBLO"
El exregidor, que está acusado de seis delitos contra la ordenación del territorio del artículo 320.2 del Código Penal, ha defendido la actuación que llevó a cabo y que permitió la edificación de viviendas, puesto que según ha defendido las construcciones se realizaron en "suelo urbano" y con el "afán de que la gente no se fuera del pueblo", según ha indicado ante los medios de comunicación.
Dos de los delitos por los que se le acusa son por omisión, ya que, a la vista de que informes jurídicos eran desfavorables, habría decidido resolver "mediante silencio administrativo" una de las dos licencias de segregación que solicitó la promotora Lakes Vega SL, así como la licencia de obras para seis de estas viviendas, según la Fiscalía.
Junto al exregidor, que forma parte del actual equipo de gobierno debido a un pacto entre PP-PSOE por el que se le abrió un expediente de expulsión, también ha sido imputado el empresario Francisco Javier F.D.P.L., quien llegó a vender viviendas a ciudadanos extranjeros, en su mayoría ciudadanos de Bélgica, y el arquitecto técnico Emilio G.R., a quien el Ayuntamiento contrató para la emisión de informes técnicos "pese a que existía un convenio suscrito por esa corporación con la Diputación" para que "fueran emitidos por el Servicio de Cooperación Local".
El escrito del Ministerio Público indica que, en 2006, la mercantil Lakes Vega SL decidió promover la construcción de 13 viviendas unifamiliares en la parcela número 23 del polígono número "en suelo calificado como no urbanizable".
Pese a "saber que no podían ser concedidas al ser contrarias a la legislación", Francisco Javier F.D.P.L., como representante legal de esta mercantil, solicitó al Ayuntamiento de Partaloa "dos licencias de segregación y cuatro de obras", que le fueron concedidas por diferentes vías, e inició la construcción "contrariando la legislación ya que era conocedor de que las licencias eran nulas de pleno".
El Ministerio Público divide la actuación de Federico Molina en tres partes. Por un lado, le acusa de conceder el mismo día, el 1 de marzo de 2006, una licencia de segregación de cinco subparcelas de 516 y 650 metros cuadrados y dos licencias de obras para la construcción de sendas viviendas unifamiliares en dos de estas subparcelas.
Le acusa además de hacerlo sin que en el expediente administrativo "se hubiera emitido el preceptivo informe jurídico", por lo que "prescindió absolutamente del procedimiento establecido, con conocimiento de que el suelo era no urbanizable y no debían autorizarse" ninguna de estas licencias.
En los tres casos, según concreta el escrito, el acusado Emilio G.R. emitió informes técnicos favorables "considerando el suelo como urbano a pesar de saber que el suelo era no urbanizable y en uno de los casos de licencia de obras, lo habría realizado en "octubre de 2005, cuando aún no había sido autorizada la segregación de la subparcela".
En una segunda fase, en mayo y junio de 2006, el exregidor concedió licencia de obras para cinco viviendas en cinco subparcelas "tres de las cuales aún no habían sido segregadas" y otra licencia de segregación aunque, en este caso, "sí se emitió informe jurídico por el secretario del Ayuntamiento en el que se afirmaba que no queda acreditado suficientemente que el suelo reúna todas las condiciones de suelo urbano".
NUEVO 'MODUS OPERANDI'
Apuntaba el citado informe, según añade el fiscal, que la competencia para emitir informes técnicos y jurídicos correspondía al Servicio de Cooperación Local de Diputación "en virtud del convenio" y, finalmente, advertía de que el plazo para otorgar o denegar la licencia era de tres meses.
"El alcalde, que deseaba conceder la licencia de segregación solicitada para la misma parcela en la que antes la había concedido, pero ante el informe desfavorable, decidió voluntariamente no resolver dentro del plazo de los tres meses para así poder certificar su concesión por silencio administrativo como efectivamente hizo el 27 de octubre de 2006", reprocha el escrito que ahonda que Federico Molina "no inició voluntariamente, como era su obligación, ningún expediente de revisión de oficio".
El mismo 'modus operandi', y ante un nuevo informe jurídico "desfavorable", se habría utilizado por el exalcalde y por Emilio G.R. para conceder en julio de 2006 a Lakes Vega SL una licencia de obras para la construcción de otras seis viviendas unifamiliares en esta parcela.
La Fiscalía tenían previsto solicitar este viernes para el promotor 18 meses de cárcel por un presunto delito contra la ordenación del territorio y multa de 24 meses a razón de 50 euros al día, así como inhabilitación especial para profesión y oficio relacionado con la construcción por dos años. Para el arquitecto, interesa siete años y seis meses de cárcel por cinco supuestos delitos contra la ordenación del territorio e inhabilitación especial por nueve años.
Interesa, asimismo, la demolición de las viviendas construidas, que fueron detectadas por la Policía Nacional el 29 de marzo de 2007 cuando aún ocho se encontraban en ejecución, y que Francisco Javier F.D.P.L. y la mercantil promotora asuman los costes, así como la indemnización a los adquirientes de las viviendas de la cuantía pagada y gastos ocasiones en la compra de sus respectivas viviendas.
