La sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Huelva, integrada durante el año 2013 por el fiscal coordinador y delegado de jefatura, Alfredo Flores Prada, y por la fiscal Ana Isabel Laso Mota, ha destacado en su memoria anual que continúa vigente “la problemática de los medios informáticos y de personal auxiliar”, una situación que tiene especial incidencia en la tramitación de las diligencias informativas y en los registros de las causas pendientes.
Según reza en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la prioridad es que esta sección se asemeje a otras, en el sentido de contar con un espacio físico propio, peritos en las materias de la especialidad y personal auxiliar adscrito, ya que sería “la única manera de cumplir de forma rápida y eficaz con las funciones encomendadas y cada vez más demandadas por los ciudadanos”.
El número de sentencias en esta materia respecto a las del pasado año se ha mantenido, con un total de 53, de las que 43 han sido condenatorias y diez absolutorias. A su vez, indican que ninguna persona ha entrado en prisión, como penada o preventiva, en delitos de la especialidad.
Desglosadas por materias serían una en ruidos, 19 en fauna-caza-pesca, cuatro en maltrato animal, 13 en incendios forestales y 16 en ordenación del territorio, de tal forma que los delitos contra la fauna y la ordenación territorial han sido las materias con mayores pronunciamientos judiciales.
En su mayor parte, las denuncias interpuestas se referían a vertederos de residuos, vertidos de aguas sin depurar o con depuración deficiente, aguas-suelos contaminadas, pequeñas actuaciones urbanísticas de vecinos o en suelos no urbanizables sin especial protección, contaminación acústica, ocupación de caminos públicos y veredas, incumplimiento de compromisos de reforestación-destoconado de parajes, y malos tratos o, en general, situaciones de deficiente atención y cuidados a animales de todo tipo.
Los escritos de acusación hacen un total de 42 frente a los 33 formulados en 2012, mientras que han sido incoadas el doble de diligencias informativas respecto al pasado año y se han recibido seis denuncias directas en los juzgados, archivándose dos casos por no existir infracción penal medioambiental.
En total, se mantiene el número de asuntos que llegan directamente y por distintas vías a la Fiscalía y no existen diligencias de investigación o informativas pendientes del año pasado.
A su vez, destacan en la memoria que son numerosas las comunicaciones, escritos y consultas por cualquier medio, en relación con asuntos de la especialidad, procedentes de la Junta de Andalucía, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a la Junta, de grupos políticos en oposición, de organizaciones ecologistas y de ayuntamientos que, a juicio de esta fiscalía, colaboran de forma "notoriamente insuficiente, sobre todo en materia urbanística, al ser muy reacios a remitir expedientes con indicios de infracción penal".
