La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado la petición de archivo realizada por Joaquín Yvancos, que fue durante años abogado de la familia Ruiz-Mateos y a quien la juez Mercedes Alaya mantiene imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, mientras que tampoco se ha opuesto al sobreseimiento planteado por el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano en lo referente a las ayudas públicas concedidas a la empresa Hitemasa.
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público informa de que "no se opone" al archivo de las actuaciones solicitado por la defensa de Yvancos por considerar que "no queda suficientemente acreditado, atendiendo al estado actual de la instrucción, la dolosa participación y dominio en los hechos sobre los que declaró en sede judicial".
"Todo ello, sin perjuicio como es lógico, del resultado de las diligencias que se practiquen en relación al resto de piezas de esta causa, relativas al resto de las ayudas dadas a las empresas del grupo de la familia Ruiz-Mateos", pone de manifiesto en su escrito el fiscal delegado Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga.
El abogado de Joaquín Yvancos pidió el archivo de las actuaciones mediante un escrito en el que aseguraba que no hay "prueba alguna de su supuesta participación" en los hechos, a lo que se suma que, en su declaración del pasado 21 de abril, "no se solicitan por ninguna de las partes medidas cautelares, ni siquiera por el Ministerio Fiscal", quien "sólo formuló una única pregunta".
A su juicio, "se está enjuiciando sobre simples suposiciones y, lo que es aún peor, enjuiciándose sobre el simple conocimiento de algunos hechos, que no de todos o de los más importantes en esta causa", añadiendo que la imputación de Yvancos "es absolutamente desproporcionada", ya que "conoció ciertas 'pinceladas' de los hechos investigados muy posteriormente al momento de su supuesta comisión, y no las conoció porque presenciara en primera persona, sino que tuvo algunas noticias de ellos porque otras personas, como José María Ruiz-Mateos, se lo contó".
"El juzgador parte de la base de suposiciones y deducciones, y de lo que es más grave aún, de un supuesto conocimiento que dice tener mi mandante con la supuesta comisión de los delitos investigados pero jamás de hechos demostrados o demostrables que lo involucren con los mencionados delitos ni con las personas verdaderamente relacionadas con estos", dice el letrado, que asevera que Yvancos "no pinta absolutamente nada" en la causa.
"EL VIRREY DE ANDALUCÍA"
Yvancos, a quien la juez imputa delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad y cohecho, aseguró en su declaración del pasado mes de abril, entre otras cosas, que José María Ruiz-Mateos llamaba "el virrey de Andalucía" al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.
Alaya considera que el exabogado de los Ruiz-Mateos "conocería y sería partícipe del presunto tráfico de influencias a favor del Grupo Nueva Rumasa ejercido ante la Junta" por el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas "para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE de empresas de dicho grupo", en concreto los del Hotel Cervantes, los dos de Garvey, Zoilo Ruiz Mateos S.L. y Dhul.
De este modo, "sería conocedor de los contactos entre la familia Ruiz-Mateos y Juan Lanzas", quien "se comprometió a la financiación de las prejubilaciones del referido ERE por parte de la Junta mediante el uso de sus influencias a cambios de una comisión de 600.000 euros por cada ERE conseguido", efectuándose dichos pagos "en 'B', mediante entrega de sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros cada uno de ellos, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros", siendo los sobres "retirados personalmente por Lanzas o por su compañera".
"LANZAS RECIBÍA 100 MILLONES DE PESETAS POR ERE"
La juez también le imputa haber sido conocedor de la inclusión de 'intrusos' en los ERE del Hotel Cervantes y de Dhul, así como de los pagos realizados al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por "su actuación favorable al grupo Nueva Rumasa", entre ellos un pago de 6.960 euros efectuado mediante una "factura falsa" abonada a Lógica Estrategia Empresarial, empresa de la que era titular el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo.
De otro lado, la Fiscalía Anticorrupción no se ha opuesto al archivo solicitado por el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano en lo referente al auto del pasado 4 de septiembre en el que la magistrada le imputó por las ayudas públicas otorgadas a Hitemasa, ya que, "tras el detenido examen del escrito presentado y de las diligencias hasta ahora practicadas en las actuaciones, no queda acreditado, atendiendo al estado actual de la instrucción, su participación en los hechos imputados" en dicho auto.
En su escrito, consultado por Europa Press, la defensa del exalto cargo ponía de manifiesto que éste "no tuvo nunca ningún conocimiento ni directo ni indirecto sobre los expedientes de regulación de empleo de Hitemasa ni sobre los convenios y adendas que hubieran podido existir desde IFA/IDEA en relación con esta empresa, hasta tal punto que no existe ningún documento firmado por él en relación con Hitemasa, porque los hechos que tuvieron que ver con este expediente se sustanciaron en momentos en que" Serrano "no estaba al frente de IFA/IDEA".
Una vez recibidos los escritos, la juez ha dictado una providencia en la que da traslado a las partes para que, en un plazo de tres días, aleguen lo que "a su derecho convenga".
