La Fiscalía de Granada ha solicitado tres años de prisión y multa de 1.440 euros a una abogada acusada de quedarse con la indemnización de más de 56.000 euros que un juzgado había otorgado a una mujer por la muerte de su esposo, trabajador de la empresa Santa Bárbara de Industrias Militares, con una de sus sedes en Granada.
La procesada, Francisca I.P., está acusada de un delito de apropiación indebida en su modalidad agravada, dado el importe de la defraudación y su condición profesional, y será juzgada el próximo 2 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada actuó "llevada de la pretensión de lucrarse ilícitamente a costa del patrimonio ajeno" en el procedimiento de reclamación seguido en 2001 ante el Juzgado de lo Social número 5 de Granada, contra la empresa Santa Bárbara y la Aseguradora Musini, que finalizó con la condena firme a los demandados al pago de 56.104,21 euros a la mujer, como indemnización por la muerte de su esposo.
Sin embargo, la cantidad, que fue proveída el 20 de octubre de 2003 y recibida en un juzgado de instancia, fue incorporada por la abogada "a su peculio particular" sin haberlo reintegrado a la perjudicada, "abusando del amplísimo poder que le fue otorgada en virtud de la confianza depositada en su aparente profesionalidad".
