La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estudia este martes la nueva composición de la Audiencia de Sevilla, después de haber recibido el acuerdo del presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, por el que se determina el reparto de las nuevas plazas de la institución. Álvarez, en este marco, ha trasladado la "profunda preocupación" de los magistrados de la Sección Séptima ante la "imagen" que pueda dar la Justicia al ser adscrita a dicha sección la juez Mercedes Alaya.
Y es que la instructora del caso de los ERE ha sido adscrita a esta sección que está precisamente encargada de resolver los recursos de apelación y queja de la mencionada causa judicial.
En su acuerdo, el presidente de la Audiencia de Sevilla, en orden a determinar la composición de las cuatro secciones penales de la Audiencia Provincial, como consecuencia del incremento de una plaza de magistrado para cada uno de ellas, acordó "aplicar, estrictamente y sin excepciones, el criterio objetivo de la antigüedad escalafonal", previa audiencia tanto a los actuales Magistrados, por si deseaban cambios internos con carácter previo, como a los nuevos destinados para que especificaran sus preferencias de adscripción.
Así, las plazas de nueva creación que no han sido solicitadas por magistrados ya pertenecientes a la Audiencia, y las correspondientes resultas, "se atribuirán a las magistradas asignadas al orden penal en el concurso de traslado", resuelto definitivamente el martes 3 de marzo por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, "en función de las preferencias por éstas manifestadas y siguiendo el orden de antigüedad en el escalafón judicial".
Esta nueva composición se ha realizado siguiendo el precedente creado con motivo de la ampliación del número de magistrados del orden penal llevada a cabo en 2008.
Damián Álvarez, en paralelo a su acuerdo, ha hecho llegar a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz, "para su consideración, el sentir de los magistrados" de la Sección Séptima que muestran su "total respeto personal y profesional por la magistrada Mercedes Alaya", pero manifiestan "su profunda preocupación por la imagen que la Administración de Justicia pueda dar al adscribir a la instructora del llamado caso de los ERE a la sala a la que se turnan los recursos de apelación y queja, interpuestos en una causa de tanta complejidad y relevancia no sólo desde un punto de vista jurídico, sino en especial por su repercusión política del todo inaudita en el ámbito judicial andaluz".
Esta característica es lo que la "diferencia", en opinión de estos magistrados, "de otros asuntos de cuya instrucción son o han sido de la competencia de la indicada magistrada y en cuya tramitación de una forma u otra está implicada esta Audiencia Provincial".
En este sentido, transmiten su "pesar porque ello no haya sido tenido en cuenta, incrementándose así, de forma que entienden evitable, la presión propia de su intervención jurisdiccional en un proceso de tanta trascendencia política". Además, indican, que la "tramitación de estos recursos es más que posible que se mantenga una vez que la magistrada Mercedes Alaya se reincorpore tras la prórroga de su cese en el Juzgado de Instrucción número seis".
