La Comisión Europea ha enviado este jueves un dictamen motivado a España, segunda fase de un procedimiento de infracción, por considerar que no ha examinado en detalle, tal como exigen las normas de la UE, el impacto medioambiental del dragado del último tramo del río Guadalquivir y en particular los efectos negativos sobre los espacios protegidos cercanos, como el parque natural de Doñana.
Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para adoptar medidas correctivas. En ausencia de una respuesta satisfactoria, el Ejecutivo comunitario podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
En su dictamen motivado, el Ejecutivo comunitario pide a España "prudencia" en la modernización del acceso marítimo al puerto de Sevilla, y que evalúe de nuevo los posibles efectos negativos en Doñana y en otros sitios protegidos por la red Natura 2000.
Bruselas se remite a un estudio científico llevado a cabo recientemente por las autoridades españolas que indica que "el dragado del canal de navegación tendría efectos negativos graves sobre la forma del estuario y su biodiversidad, que repercutirían sobre los sitios naturales protegidos vecinos".
La Directiva de Hábitat de la UE exige que todo proyecto susceptible de tener un efecto significativo sobre un sitio protegido debe ser objeto de una evaluación de impacto apropiada. La norma autoriza, por razones imperativas de interés público mayor, la realización de proyectos que hayan recibido una evaluación negativa, pero en ese caso exige medidas compensatorias para los espacios protegidos.
