El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado el 17 de abril un auto dando la razón a un agente de la Guardia Civil destinado en el Puesto de Lucena (Córdoba) que solicitó en diciembre una autorización para compatibilizar su actividad como empleado público con la actividad privada de psicólogo, solicitud ante la cual el Ministerio del Interior emitió un informe negativo.
En una nota, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha informado de que el TSJM ha reconocido el derecho del recurrente, asesorado y representado por el abogado de la AUGC en Córdoba, a compatibilizar la actividad de psicología imponiendo a la Administración demandada el pago de las costas procesales.
La asociación ha indicado que resulta "incomprensible" que el Ministerio del Interior "siga oponiéndose sistemáticamente a este tipo de solicitudes, cuando son múltiples los dictámenes judiciales emitidos durante los últimos años autorizando a guardias civiles la compatibilidad de distintas actividades privadas, como son abogado, administrador de fincas o transportista, entre otros".
Así, ha recordado que hace apenas dos meses el mismo TSJM autorizó la compatibilidad como perito tasador inmobiliario de otro guardia civil también destinado en el Puesto de Lucena. De ese modo el Ministerio, señalan, "no sólo está perjudicando a los afectados, obligándoles a pleitear para ver reconocidos sus derechos, sino también a las maltrechas arcas públicas", puesto que la Administración debe afrontar las costas impuestas en dichos dictámenes judiciales, a lo que deben añadirse los costes que conlleva un proceso de este tipo.