El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent (Valencia) ha abierto juicio oral contra 18 personas por los delitos de estafa, contra la ordenación del terriotrio, falsificación documental, cohecho y falsificación de certificación en relación con irregularidades urbanísticas, entre las que se encuentran el actual alcalde, Antonio Polo, y el ex primer edil Francisco Javier Carrión.
La causa se abrió por la construcción y venta de chalés --en forma de villas-- en suelo no urbanizable, mayoritariamente a extranjeros. En lugar de un campo de golf o de un lago, tal y como se prometía, algunas viviendas se edificaron sobre viales o caminos agrícolas y no disponían ni de luz ni de agua potable.
A los responsables civiles se les solicita una fianza de 3.358.791 euros, con la presunta responsabilidad civiles subsidiaria de ocho mercantiles, al Ayuntamiento de Montroi y al Estado. El juicio deberá celebrarse en la Audiencia Provincial de Valencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El juzgado ha citado a los acusados, a través de sus representantes procesales, para que comparezcan en esta instancia el próximo 10 de septiembre entre las 09.30 horas hasta las 14.00 horas, para notificarles personalmente la resolución. Asimismo, se les requiere para que en el plazo de una audiencia presten fianza en la cantidad de 3,3 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles.
En la resolución, el juzgado sobresee la causa respecto a una de las acusadas después de que el ministerio fiscal lo pidiera al considerar que no estaba acreditada su participación en los hechos.
Respecto a Antonio Polo Bessó, actual alcalde de Montroi --que militaba en el PSPV aunque el partido le abrió expediente disciplinario y actualmente no es socialista, según han indicado a Europa Press fuentes del partido--, se le abre juicio por omisión del deber de perseguir delitos, delito contra la ordenación del territorio, cohecho, falsedad documental, estafa y prevaricación.
Para el exalcalde, Francisco Javier Carrión (PP), los delitos que se le atribuyen son estafa, contra la ordenación del territorio, cohecho, falsedad, prevaricación y omisión del deber de promover la persecución de los delitos. En este caso, la Fiscalía Provincial solicita una pena de 16 años de cárcel para Francisco Javier Carrión, y dos años de inhabilitación para el actual, Antonio Polo.
Junto a estas dos personas, el fiscal dirige su acusación contra otros 16 procesados, para los que solicita entre dos y 13 años de cárcel por diferentes delitos de estafa, contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y oficial, prevaricación administrativa o cohecho, entre otras.
Todas estas personas fueron procesadas en octubre del pasado año, cuando el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent dio por concluidas las diligencias de investigación y otorgó un plazo a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.
La investigación de la causa se ha centrado sobre la construcción de viviendas unifamiliares aisladas y en suelo no urbanizable o rústico en las partidas de Las Palomas; Pla Galán; Los Corrales; L'Hospitalet; y Les Valletes. Las viviendas carecían de autorización y estaban ejecutadas al margen de los procedimientos legalmente establecidos.
En concreto, de las diligencias practicadas se ha constatado --según el juez-- la existencia de "indicios razonables" de delito en la ejecución de las obras de construcción de un total de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la Urbanización Las Palomas, por contravención de las disposiciones reguladoras de la ordenación del territorio.
UNASA 200 VÍCTIMAS
A los ciudadanos --hay unas 200 víctimas--, mayoritariamente extranjeros, se les vendía la propiedad exclusiva de una parcela, perfectamente identificada y aparentemente independiente y delimitada por cuatro puntos cardinales, cuya concreta ubicación se mostraba según un plano particular de la urbanización ya terminada y completamente parcelada.
Para la construcción de las viviendas se exhibían unos modelos de edificación estandarizados. Así mismo, se presentaban las villas con las dotaciones y servicios públicos esenciales, valiéndose además de diversos reclamos como la construcción de un lago, un campo de golf, un centro comercial, una comisaría de policía y un hotel que ni siquiera consta que se hubieran proyectado, según consta en el auto de procesamiento.
Sin embargo, en realidad, las fincas rústicas de las que derivan las parcelas eran indivisibles y no habrían sido objeto de procedimiento previo alguno, pues seguirían formando parte de la finca registral. Carecían de la preceptiva licencia de parcelación o de la declaración de innecesariedad municipal.
Como consecuencia, ni todos los perjudicados tienen vivienda, ni todos los que la tienen lograron que la misma se correspondiese con la que aparecía documentada en el contrato privado; ni que en el caso de que se llegara a escriturar éste, los derechos derivados de la adquisición tampoco se corresponderían con lo contratado, y ello a pesar de las importantes cantidades desembolsadas.
