En aquel momento, Martos “emitía una serie de juicios de valor, basado en apreciaciones personales y subjetivas” tales como “dudo de la catadura moral de Díez Murciano” o “me produce asco cómo datos clínicos son aireados” o “Díez Murciano ha cometido dos ilegalidades: la primera disponer de una historia clínica a la que no tiene acceso y la segunda, hacer públicos los datos sin el permiso de la paciente”.
Los citados colectivos destacaron ayer que “en el curso de diferentes comparecencias ante la justicia ha debido quedar demostrado fehacientemente que ninguna de las afirmaciones de Martos eran ciertas” y el fiscal jefe de la Fiscalía de Área de Algeciras, el 30 de abril decretó que se produjera el “sobreseimiento provisional de las acciones, al carecer de relevancia penal los hechos denunciados” y, por consiguiente, el Juzgado de Instrucción número uno de Algeciras, en sentencia de 5 de mayo de 2009 acuerda “el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones” sobreseimiento que “se ha hecho firme, al no presentarse ningún recurso de reforma ni de apelación en el tiempo previsto”.
Coaccionar
Martos “ha procurado siempre intentar coaccionar y amedrentar a los representantes sindicales, con la amenaza de las denuncias judiciales, quizás basándose en su condición simultánea de gerente del AGS y de licenciado en Derecho y profesor de la escuela de Derecho de la UNED”.
La denuncia “no era más que una cortina de humo para intentar ocultar las acciones y nombramientos ilegales, como el del doctor Domínguez Ramos como jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología”", a día de hoy, “expulsado de ese puesto por la justicia”.
No obstante, “no sale muy bien parado de ellas por cuanto, en lo referente a las denuncias presentadas por él, las ha perdido todas, habiendo perdido también todas las que le ha presentado” la APF o sus afiliados.
