Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que han declarado ante el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral sobre la adjudicación de contratos supuestamente irregulares en 2004 a las empresas del presunto cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, por parte del Ayuntamiento de Jerez, "han dicho que en ningún caso aparece la exalcaldesa María José García-Pelayo como conocedora o inductora", según han indicado a Europa Press fuentes de la defensa.
En este sentido, la defensa ha añadido que los agentes "han dicho que más allá de las dos resoluciones que hay firmadas por García-Pelayo, en todos los registros realizados, documentos incautados y correos electrónicos examinados, en ningún caso aparece el nombre de la exalcaldesa ni como interviniente, promotora, conocedora o inductora".
Por otra parte, ha manifestado que la Intervención General del Estado (IGAE), a través de un perito, ha señalado ante el magistrado del Tribunal Supremo que el posible delito si lo hubiese, estaría prescrito al haber transcurrido más de diez años desde el hecho.
Según ha explicado, los hechos habían ocurrido en 2004 y el Código Penal de entonces fijaba un tiempo de prescripción de diez años. Cabe recordar que la exalcaldesa fue imputada en el año 2015, por lo que la defensa alegaba la prescripción del posible delito si lo hubiera.
En este sentido, ha añadido que por su parte, la Fiscalía defiende que los pagos a las empresas, que se realizan en diciembre de 2004 --cuando ya la prescripción según el Código Penal es de 15 años-- habían sido ilegales porque no se había retenido a las empresas el cuatro por ciento del precio como garantía.
Según ha indicado la defensa, en la declaración ante el Tribunal Supremo, la Intervención General del Estado ha manifestado que como el contrato fue ejecutado "a satisfacción de las partes entre enero y febrero de 2004, la garantía del cuatro por ciento carecía de sentido, por lo que el pago hecho por el Ayuntamiento en el mes de diciembre fue correcto y lícito".
A juicio de la defensa de la exalcaldesa jerezana, "ya no hay ningún hecho delictivo situado en el periodo en donde la prescripción fuera de 15 años, sino que todos los hechos se remontan a enero o febrero de 2004, cuando la prescripción era de diez años".
Por otra parte, la defensa ha señalado que los funcionarios del Ayuntamiento integrados en el Gabinete de Presidencia en aquella fecha que han declarado este lunes en el Supremo --a propuesta de la propia defensa--, "han manifestado que a Alcaldía no llegaban los expedientes enteros, sino que únicamente la resolución que tenía que firmar García-Pelayo junto con el informe del interventor o secretario cuando se trataba de una contratación".
Así, ha añadido que los funcionarios han indicado al juez que "ellos se preocupaban de comprobar que estaba todo en orden, si estaba el visto bueno del secretario o la interventora, y una vez hecha la comprobación, se la pasaban a la alcaldesa, que tenía cientos de firmas diarias y firmaba en la confianza de que su gabinete lo había visado".
