Las sesiones con testigos en el juicio contra el empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, y sus cuatro hijos acusados de supuesto impago de unos 60 millones de euros en impuestos, han concluido este jueves con la declaración de un inspector de Hacienda, quien ha ratificado el inicio de actas con una infracción "leve" contra dos de las empresas, pero sin conocimiento del resultado final.
Durante la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, que se retomará el lunes con las declaraciones de ocho peritos, las partes han preguntado al citado inspector, destinado en Sevilla, sobre la inspección de Hacienda en 2003 a dos entidades y la apertura de actas por el impuesto de sociedades, cuya apertura del procedimiento ha ratificado con los documentos expuestos.
En concreto, se inició "una sanción calificada como infracción leve por no concurrir ocultación", aunque ha comentado que "las actas en algún momento se iban a suspender por prejudicialidad penal", a la vez que ha aclarado que él no participó en las comprobaciones.
Anteriormente, ha declarado el vendedor de unos terrenos en 2004 a la empresa de Rafael Gómez en Torremolinos (Málaga) y por los que el empresario le dio un cheque de unos 300.000 euros, que "se olvidó incluir en las escrituras como precio de pago", de modo que "nunca se regularizó", según ha detallado el varón.
Además, un abogado de un despacho que atendió a las empresas de Gómez ha indicado que conoce los desarrollos urbanísticos del grupo, cuyas promociones amuebla "muchas veces" con "un sello característico", en referencia a las estatuas, en algunos casos con "un volumen de gasto bastante considerable".
Cabe destacar que el empresario se enfrenta a penas que suman 44 años de prisión, por la supuesta comisión de once delitos contra la Hacienda Pública, tras el presunto impago de unos 60 millones de euros en impuestos durante unos cuatro años, supuestamente por él y sus cuatro hijos.
FIRMABA LO QUE LE PONÍAN DELANTE
En relación a las palabras de Rafael Gómez, este manifestó el lunes ante el juez que no sabe de temas de contabilidad y que en sus empresas firmaba lo que le ponían por delante los asesores y trabajadores de la oficina, al tiempo que ha apostillado que no sabe qué es el IRPF.
Tras esgrimir que no tiene "ningún estudio", ha mantenido que "en ningún momento" se reunió el consejo de administración de las sociedades, ni celebró alguna reunión familiar para abordar las cuentas de sus empresas, así como que "en ningún momento" se metió en temas de contabilidad, porque "no entiendo", han sido sus palabras.
Al respecto, el empresario ha comentado que confiaban en los empleados a la hora de ponerle por delante papeles para firmar. "Pensábamos que era lo justo y considerábamos que eran maravillosos haciendo su trabajo", ha argumentado el exedil del Consistorio.
De igual modo, ha detallado que llevaba una empresa de joyería y por "las circunstancias" del momento impulsaron empresas constructoras, con las que hicieron "grandes proyectos", porque, ha agregado, "yo veía las cosas claras", al tiempo que los hijos le "ayudaron", según ha relatado Gómez, quien ha apuntado que sus hijos "no saben ni se han ocupado" de los temas de contabilidad.
También, ha explicado que "nunca" han repartido beneficios, sino que se dedicaban a que "la empresa creciese, crease el mayor número de empleos y que fuese bien", ha indicado el empresario, quien ha valorado que han hecho "cosas maravillosas para las personas de este mundo", a través de la construcción.
En relación a los hijos, han declarado que desconocían los temas de contabilidad, porque hacían "lo que los profesionales decían", de modo que confiaban en dichos profesionales que les ponían papeles por delante para firmar, al tiempo que han destacado que el nivel de vida era "normal", con sus casas con hipoteca, entre otros aspectos que han detallado.
Además, han afirmado que "jamás" celebraron una reunión del consejo de administración, ni sabían que hubiera beneficios o pérdidas y que tenían sueldos de unos "4.000 euros" al mes, que cobraban "por transferencia", según han expuesto los hijos. La madre fue llamada por el juez, ante la responsabilidad civil que pudiera tener, por "haber disfrutado de beneficios", precisó el magistrado, aunque no declaró al ratificarse en su testimonio de fase de instrucción.
CONTABLES Y AUDITORES
Mientras, el director financiero del grupo de empresas, en la entidad desde 1994, ha dicho ante el juez que el empresario y sus hijos "no se preocupaban" de asuntos contables, ni intervinieron en el departamento de contabilidad, a lo que ha añadido que "nunca" se reunía el consejo de administración y si celebró alguna reunión con Gómez era para abordar algún tema de tesorería.
El jefe de contabilidad ha subrayado que "nunca" recibió órdenes referidas a la contabilidad por parte de Gómez, ni sus hijos, y cuando tenía dudas se dirigía a los asesores externos, en un momento de "un nivel de financiación elevado", según ha señalado, para remarcar que él y el director financiero fueron quienes eligieron a las auditoras.
Asimismo, uno de los asesores fiscales externos, que ha trabajado con Gómez durante 30 años, ha mantenido que "nunca" ha recibido instrucciones de los acusados sobre declaraciones de impuestos, en las que "no había habido ocultación alguna", según ha detallado, a la vez que ha manifestado que la declaración del Impuesto de Patrimonio del año 2004 no la presentó porque "el programa informático impedía imprimirlo", al no estar "dentro de los límites" para presentarlo.
Y los auditores han explicado que "nunca" recibieron órdenes de los procesados sobre declaraciones de impuestos, ni se reunieron con ellos, sino que mantenían comunicación con el director financiero y el jefe de contabilidad, al tiempo que han puntualizado que en el ejercicio 2006 no pudieron terminar su trabajo, "porque faltaba documentación", que atribuyen a "las circunstancias complicadas del grupo", que "se vino abajo", afectado por "el caso Malaya".
MÁS DE SIETE AÑOS DE INSTRUCCIÓN
En el auto de apertura de juicio se recogen los once delitos contra la Hacienda Pública que se atribuyen a Gómez por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, de tal forma que el fiscal solicita 44 años de prisión para el empresario por supuestamente defraudar 58,3 millones de euros con supuesto impago de impuestos a través de cuatro empresas.
Igualmente, la Fiscalía acusa a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales, pidiendo para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, el Ministerio Público pide una multa para Gómez que podría llegar a 350 millones de euros. La actuación se inició por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio de 2009.
Los delitos supuestamente se cometieron entre los años 2003 y 2006 a través de las cuatro empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Las cantidades presuntamente defraudadas en cada uno de los 11 casos por los que se le acusa irían desde 690.000 euros a 25,5 millones, sumando en total 58.388.000 euros.
Como resultado de los impagos, se ordenó el embargo preventivo de propiedades de la familia, entre ellas la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 en Córdoba y que le han supuesto una multa de 20 millones de euros a Gómez, quien fue condenado en el caso 'Malaya' por delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida por multa de 3.600 euros, y una multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago.
