Inspectores de Hacienda que han declarado este martes en el juicio contra el empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, y sus cuatro hijos acusados de supuesto impago de unos 53 millones de euros en impuestos, han advertido de operaciones en alguna de las empresas en las que "se han anticipado pérdidas" de un ejercicio para "esconder beneficios muy elevados" del siguiente ejercicio.
En concreto, en relación al impuesto de sociedades del año 2003 de la empresa Arenal 2000 SL, con una operación de arrendamiento de unos terrenos entre sociedades del grupo, los peritos han ratificado "el ánimo de ocultación" en cantidades, después de que "se han disfrazado" cuentas con una "finalidad o ventaja fiscal", según exponen, a la vez que han apuntado a "la confusión de patrimonio".
Mientras, los peritos de la defensa han subrayado que es una calificación "incorrecta" que se hable de "fraude de ley", cuando se ha realizado "deducción por reinversión", según han defendido, así como "hablar de ocultación", algo que han tachado de "temeridad".
Sobre el impuesto de sociedades de la citada empresa relativo al año 2006, con varios ajustes contables de los que advierte el fiscal, los inspectores de Hacienda han ratificado que hay "aplicación manifiestamente incorrecta de la normativa tributaria" sobre distintas operaciones, con la adquisición de esculturas de mármol, las ventas de terrenos al Grupo Tremon y al Ayuntamiento de Sevilla en Tablada, facturas rectificativas y la venta de participaciones de Arenal Sur 21.
Al respecto, han recordado que las cuentas de 2006 "no habían sido aprobadas", que la provisión de beneficios de 2006 por "cien millones de euros" pasó a "15 millones" en 2007, al tiempo que uno de los inspectores ha descrito a Gómez "como si fuese Dios", puesto que, según ha indicado, en algunas ocasiones actuaba como administrador, en otras como socio y otras como persona física, en la gestión de las sociedades.
Frente a ello, los peritos de la defensa han negado que hubiera "ocultación" en las cuentas, aunque uno de ellos ha precisado que habría "incorrecta aplicación de la norma", y han mantenido que "se ha cumplido a rajatabla el principio de prudencia valorativa", a la vez que han declarado que "no hubo venta forzosa" de terrenos en las mencionadas operaciones y que "la contabilidad desordenada dio lugar a errores, pero no intencionados".
Cabe destacar que las declaraciones de peritos, en este caso conjuntas, tanto por inspectores de Hacienda, como un abogado, un auditor y un catedrático emérito de derecho tributario, prevén continuar este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba.
RETIRADA DE UNA ACUSACIÓN
En concreto, el empresario se enfrenta a penas que suman 40 años de prisión, tras la retirada del fiscal y la abogada del Estado de una acusación de uno de los delitos sobre el impuesto de sociedades del año 2005, por "un error material", de modo que lo acusan de diez delitos contra la Hacienda Pública, tras el supuesto impago de unos 53 millones de euros en impuestos, después de la citada retirada, que antes de ello ascendía a 58 millones, durante unos cuatro años, supuestamente por él y sus cuatro hijos.
Por otra parte, acusan a los cuatro hijos de la supuesta comisión de siete delitos fiscales --antes ocho--, pidiendo para cada uno penas que suman 19 años y tres meses de cárcel. La actuación se inició por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio de 2009.
Como se recordará, Rafael Gómez manifestó ante el juez que no sabe de temas de contabilidad y que en sus empresas firmaba lo que le ponían por delante los asesores y trabajadores de la oficina, al tiempo que apostilló que no sabe qué es el IRPF.
Tras esgrimir que no tiene "ningún estudio", ha mantenido que "en ningún momento" se reunió el consejo de administración de las sociedades, ni celebró alguna reunión familiar para abordar las cuentas de sus empresas, así como que "en ningún momento" se metió en temas de contabilidad, porque "no entiendo", han sido sus palabras.
De igual modo, ha detallado que llevaba una empresa de joyería y por "las circunstancias" del momento impulsaron empresas constructoras, con las que hicieron "grandes proyectos", porque, ha agregado, "yo veía las cosas claras", al tiempo que los hijos le "ayudaron", según ha relatado Gómez, quien ha apuntado que sus hijos "no saben ni se han ocupado" de los temas de contabilidad.
También, ha explicado que "nunca" han repartido beneficios, sino que se dedicaban a que "la empresa creciese, crease el mayor número de empleos y que fuese bien", ha indicado el empresario, quien ha valorado que han hecho "cosas maravillosas para las personas de este mundo", a través de la construcción.
En relación a los hijos, han declarado que desconocían los temas de contabilidad, porque hacían "lo que los profesionales decían", de modo que confiaban en dichos profesionales que les ponían papeles por delante para firmar, al tiempo que han destacado que el nivel de vida era "normal", con sus casas con hipoteca, entre otros aspectos. La madre fue llamada por el juez, ante la responsabilidad civil que pudiera tener, por "haber disfrutado de beneficios", precisó el magistrado, aunque no declaró al ratificarse en su testimonio de la fase de instrucción.
ENTRE 2003 Y 2006
Los delitos supuestamente se cometieron entre los años 2003 y 2006 a través de las empresas Arenal 2000, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Las cantidades presuntamente defraudadas en cada uno de los diez casos por los que se le acusa irían desde 690.000 euros a 25,5 millones.
Como resultado de los impagos, se ordenó el embargo preventivo de propiedades de la familia, entre ellas la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 en Córdoba y que le han supuesto una multa de 20 millones de euros a Gómez, quien fue condenado en el caso 'Malaya' por delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida por multa de 3.600 euros, y una multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago.
